El embajador recibió anoche la queja, que concentra las quejas en la comisión y no en la decisión eventual de Cristina de Kirchner y manifiesta que si no hay extradición hay violación de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo.
Más importante que la citación fue lo que hablaron ayer el embajador Ginés con el canciller chileno, Alfredo Moreno, a primera hora de la mañana, en el secreto más estricto. Repasaron la situación y expusieron las razones de las dos partes. Por el lado de la Argentina, que el rechazo a la extradición se hace en función de la tradición del país en materia de protección de refugiados políticos y no porque le queden dudas al Gobierno de Cristina de Kirchner de que el sistema chileno no asegure las garantías de juicio para el encausado.
Del lado chileno, Moreno insistió en que se lo debe juzgar en Chile, en donde hay garantías suficientes y que no permitirlo es también una violación de los derechos humanos. Se quejó de la comisión que examina los pedidos de asilo, que tiene varios representantes de ministerios y también de la ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados), porque no consideró en su decisión toda la documentación reciente que aportó el Gobierno chileno. Se refería a las reformas a la Justicia que hizo ese país para eliminar de su legislación normas heredadas del régimen pinochetista que podrían perjudicar a Apablaza y también a una serie de videos con declaraciones de un cómplice del ex terrorista hechas por TV desde la cárcel en la cual purga una condena de 30 años por otros secuestros.
El embajador argentino le recordó que el Gobierno Kirchner ya ha extraditado a otros tres procesados por delitos vinculados con la política en los últimos años.
Terminado ese repaso, los dos funcionarios avanzaron sobre el futuro de la relaciones de los dos países a partir de ahora. Coincidieron en que deben resguardarse los logros que se han alcanzado en proyectos conjuntos y encapsular esta cuestión entre los directamente perjudicados. Se habló allí de la posibilidad de que quien lleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sea el Gobierno de Piñera, sino los familiares del asesinado Guzmán y del secuestrado Christian Edwards.
En la reunión hubo más acercamientos que hostilidad del lado chileno, cuya affectio societatis la demuestra el hecho de que la semana pasada, cuando ya estaba desatada esta tormenta, fue condecorado en la embajada de Buenos Aires un puñado de funcionarios del Gobierno encabezado por Carlos Tomada y entre quienes estaban el vicecanciller, Alberto DAlotto; Agustín Colombo Sierra; Diego Tettamanti, y Luis y Juan Carlos Kreckler, dos estrellas de la diplomacia kirchnerista.
Para no escalar en el debate, los dos funcionarios decidieron suspender la reunión de los gabinetes de los dos países que estaba prevista para mediados de este mes, pero mantener la agenda de consultas a otros niveles, según lo programado.
Ginés pidió no ser citado a la cancillería para que le entreguen la queja, pero Moreno condicionó eso a una charla con Piñera que mantuvo en la mañana de ayer de la cual participó también el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar. Piñera dijo que no y dio instrucciones sobre lo que debía contener la carta de queja. Moreno citó al embajador a su despacho anoche, cuando tuvo redactada la queja formal cuyo texto no se dio a conocer.
Antes de despedirse se comprometieron los dos a tolerar la catarata de declaraciones agresivas de los dos lados hasta que el tiempo disipe la atención sobre el tema compartiendo ambos la necesidad de tolerar los tonos en defensa del mal menor para las relaciones entre los dos países.
Esas declaraciones, que prometen todos minimizar, se acumularon ayer en estos términos:
Ignacio Zuleta
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