Aportes de campaña del FpV: se reactiva la causa

• SERÁN INDAGADOS LOS ACUSADOS DE LAVADO DE DINERO, ENTRE ELLOS CAPACCIOLI

Héctor Capaccioli

El 21 de abril Claudio Bonadio le tomará indagatoria, por primera vez, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Será la continuidad de una seguidilla de declaraciones en las que está citado como imputado. Pero el mismo jueves, declarará en similar condición el extitular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, apuntado en el expediente por la irregular financiación de la campaña electoral que llevó a Cristina de Kirchner a la presidencia en primer término, en 2007. Esa causa, adormecida hasta ahora, puede deparar uno de los mayores dolores de cabeza para el kirchnerismo, más allá de la ofensiva ya desatada desde los tribunales federales para impulsar todas las causas recientes en contra de sus exfuncionarios, en un abril hiperactivo.

Capaccioli, más allá de su cargo formal hasta 2008, ostentó el rol de recaudador para los fondos de la elección en la que el kirchnerismo se alzó con un triunfo de la fórmula que integró el exvicepresidente radical y hoy aliado de Cambiemos, Julio César Cleto Cobos. El exfuncionario secundó la Junta Promotora de Campaña de la mano del exjefe de Gabinete, Alberto Fernández. Tenía que haber declarado como imputado el 31 de marzo, pero una postergación solicitada al juez Ariel Lijo fue aceptada, y todos los acusados tendrán que comparecer durante esta semana.

Están acusados por lavado de dinero en la campaña presidencial "Cristina, Cobos y Vos", dado que una gran cantidad de aportes provinieron de empresas farmacéuticas, muchas de ellas ligadas a la denominada "mafia de los medicamentos". Hernán Diez (director de Lotería Nacional desde 2005 a 2011), y Sebastián Gramajo (exlegislador del FpV y ex ANSES) están sindicados por ser quienes recibieron y administraron, por lo menos, $ 886 mil en cheques de las droguerías Multipharma, Sanfor Salud (exSeacamp) y Global Pharmacy, que no pudieron justificar, según un análisis de los peritos contables de la Corte Suprema. Solange Bellone -viuda de Sebastián Forza, asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez-, Gabriel Brito -quien luego fuera uno de los denunciantes del exvice Amado Boudou en la causa Ciccone-, Néstor Lorenzo y Carlos Horacio Torres, están imputados de ser los aportantes irregulares.

"La modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al tratarse de depósitos de este tipo se desconoce su correspondiente origen y que, además, las firmas no han podido justificar", sostiene en su hipótesis Lijo. "Se puso en circulación en el mercado, dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta", agregó.

Según la imputación que escucharán de boca del juez, las tres empresas no contaban con "capacidad económica" para hacer frente a esos aportes; las sumas que manejaban "no guardan similitud con los parámetros" de sus giros habituales; y no poseían registros contables. A Capaccioli, Gramajo y Diez se los señala por tener conocimiento de que ese dinero era ilícito, algo que siempre negaron.

Un allanamiento a las oficinas de Lorenzo, dispuesto en el marco de la investigación por los medicamentos "truchos", derivó en el hallazgo de una carpeta membretada a mano, "Aportes campaña CFK". Allí se encontraron listados de personas y empresas, fotocopias de cheques por varios miles de pesos, y recibos. De los 13 millones de pesos que fueron reconocidos como aportes privados ante la Justicia, aproximadamente 4 millones y medio provienen de empresas de salud y medicina, habituales contratistas del Estado. Se destacaron prestadores vinculados con autorizaciones o regulaciones originadas en la Superintencia de Servicios de Salud, y varias empresas comercializadoras de precursores químicos, que luego quedarían en el ojo de la tormenta por la mafia de la efedrina.

Capaccioli fue indagado por primera vez el 22 de diciembre de 2010, y procesado el 8 de febrero de 2011 por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en el marco de una causa por asignación irregular de fondos a obras sociales. Un día después, el ahora renunciado juez Norberto Oyarbide lo procesó en el expediente madre por la "mafia de los medicamentos" por asociación ilícita, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento. La Cámara Federal confirmó su situación en todas las causas a mediados de ese mismo año, salvo en lo concerniente al lavado de activos porque la sentencia del juez resultaba "contradictoria". El 9 de abril de 2012 exigió que todo lo que estuviese vinculado a la campaña debía recaer en el juez Lijo. Sin embargo, después Oyarbide les dictó la falta de mérito el 18 de abril de 2013 y luego los sobreseyó por lavado, el 25 de marzo de 2014. La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah tiró todo para atrás, declaró "inexistentes" los sobreseimientos y apartó al juez.

Todo ese expediente por los aportes, iniciado en 2008, ahora apunta a reactivarse.