Apoyo y despegue tras una orden presidencial

Florencio Randazzo, ministro del Interior, se sumó ayer al scrum oficial para defender a Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone. Lo hizo con el argumento que estrenó, en su primer descargo, el vice al denunciar una operación montada por la empresa Boldt.

Randazzo responsabilizó a la firma por la «operación contra el Gobierno» y la atribuyó a que perdió «privilegios». Agregó, en esa línea, que la «la matriz del conflicto» -en referencia a las denuncias contra Boudou- es que desde la Casa Rosada «se toman decisiones en función de las mayorías».

«Lo que está claro es que una de las empresas que está involucrada en esta operación contra el Gobierno es Boldt. No hay dudas porque esta firma tenía enormes privilegios con el Estado nacional y se los quitó este Gobierno», dijo el ministro del Interior.

De ese modo, Randazzo se sumó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al vicegobernador Gabriel Mariotto y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en la lista de defensores públicos del vicepresidente en medio del «affaire» Ciccone.

Pero no es un caso más. Sobre Randazzo se apuntó, desde dentro del Gobierno y desde la cercanía de Boudou, la sospecha de haber «filtrado» datos que comprometen al vice. Por eso, su irrupción pública adquiere un valor adicional ya que, además, el ministro negó esa acusación.

En las últimas horas, el funcionario conversó con la Presidente y ayer por la mañana rompió el silencio. «Es absolutamente falso y estúpido», se defendió Randazzo, dijo que en el Gobierno «no hay ninguna interna» y desgranó un libreto minado de referencias críticas hacia Boldt.

Subcontratista

Dijo, en ese sentido, que «Boldt era la principal empresa subcontratista de Siemens», cuyo contrato para la confección de los DNI fue rescindido por la administración kirchnerista, que decidió que el Estado se haría cargo de la confección de los documentos en soporte tarjeta.

Agregó, además, que cuando el Gobierno nacional «forzó a que Siemens renunciara al reclamo que tenía en el CIADI contra la Argentina, se intentó poner la condición de que el Estado nacional se hiciera cargo de pagarles a las empresas subcontratistas de Siemens», algo a lo que el Gobierno se opuso «terminantemente».

Agregó que Boldt «se vio afectada» por la decisión del Gobierno nacional de crear el DNI soporte tarjeta que anuló la confección de las cédulas de identidad, a partir de un contrato con la Policía Federal.

Y completó que a partir de 2011 la confección de los padrones electorales se llevara adelante «a través de una empresa del Estado», en referencia al Correo, con lo cual también resultó perjudicada Boldt, «que había obtenido los padrones por licitaciones en 2005, 2007 y 2009».