El directorio del Banco Central aprobó ayer una serie de medidas que procuran agilizar el otorgamiento del crédito, lo que debería traducirse, además, en una baja de tasas. En línea con lo señalado por Ámbito Financiero el lunes, la entidad que preside Martín Redrado explicó que «se trata de diversas disposiciones que procuran simplificar la presentación de solicitudes de crédito y también la evaluación del perfil de riesgo de los solicitantes».
La Comunicación «A» 4.972 apunta sobre todo a las pymes y procura «hacer más eficiente la asignación de recursos en el sistema financiero y propiciar un acceso más fluido de las empresas, familias e individuos a la financiación bancaria», según destacó el Central a través de un comunicado de prensa.
Además de estas disposiciones, en aproximadamente dos semanas saldrán más normas destinadas a facilitar el financiamiento en dólares a las empresas. El objetivo es aprovechar la «incipiente recuperación» que se nota en el comercio exterior.
Arnaldo Bocco, director del Central, explicó que «es un primer paso para reducir algunas trabas burocráticas, muchas de las cuales eran mencionadas por los bancos, que existen para dar crédito. Se busca, entre otras cuestiones, agilizar el otorgamiento de préstamos y simplificar la información que deben presentar las empresas y que los bancos, a su vez, deben presentarle al BCRA».
En resumen, éstos son los aspectos salientes de lo aprobado ayer para facilitar el análisis y posterior otorgamiento de créditos:
Se aumenta de $ 500.000 a $ 750.000 el límite hasta el cual se permitirá que las empresas sean evaluadas, aplicando el mismo criterio que el utilizado para valuar a los deudores comprendidos en la cartera de consumo. El universo que quedaría alcanzado por este nuevo tratamiento es de 5.000 deudores por un stock de deuda de $ 3.000 millones, además de los nuevos prestatarios que se incorporen. De esta forma, el elemento relevante para la evaluación de la capacidad de pago del deudor dejará de ser el flujo de fondos proyectado.
Se incrementa de $ 1 millón a $ 2 millones el saldo de la deuda para que la empresa deudora sea clasificada en forma anual en vez de semestral. El universo comprendido es de alrededor de 3.500 compañías, con un stock de deuda de $ 4.830 millones. Implica menores costos para los bancos, que a partir de ahora tendrán menores cargas a la hora de evaluar a sus clientes corporativos.
En la misma línea, no se considerarán refinanciaciones las facilidades adicionales que se otorguen a las empresas cuando no superen el 10% del cupo asignado en la última evaluación. Así, aseguran en el BCRA, se podrán atender más ágilmente necesidades puntuales de financiamiento para capital de trabajo, sin la necesidad de una revisión integral de su situación.
Se tratarán las refinanciaciones que alcancen las empresas en el marco de Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) del mismo modo que los que se logran al amparo de concursos preventivos en materia de la mejora de la clasificación crediticia. Las refinanciaciones que se concedan a los deudores en dicha situación facilitarán la recategorización positiva de los deudores en forma más rápida. «Esto es consistente con el propósito de contribuir a la recuperación de las empresas a la que se orienta la naturaleza de esa clase específica de arreglos de la deuda», indicaron.
Se admitirá un plazo no mayor a los 18 años la falta de información crediticia actualizada a los fines de su clasificación, cuando se encuentren comprendidos en acuerdos preventivos extrajudiciales, concursos preventivos o en gestión judicial. Con ello se propende a disminuir el nivel de conflictividad que supone la imposibilidad práctica de conseguir las informaciones necesarias para la evaluación de empresas que atraviesen este tipo de situaciones.
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