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Apuran el pase de juzgados a la Capital
Funcionarios del Poder Judicial y del Gobierno porteño se encontraron en la Legislatura y manifestaron mayoritariamente su respaldo a la propuesta que, para hacerse efectiva, debe modificar la llamada "ley Cafiero", que acotó la autonomías del distrito. Inclusive calificaron de "incomprensible" la resistencia de algunos magistrados nacionales al proceso de traspaso, un tema que complica la posibilidad de esa transferencia.
Los invitados participaron de una reunión en la Comisión de Justicia . Tras el intercambio acordaron "avanzar coordinadamente con el fin de lograr consensos para la puesta en marcha del traspaso una vez aprobada la ley".
El proyecto modifica los artículos 8 y 10 de la "ley Cafiero" a fin de que "la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieran a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires" y también el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
Sostiene que "la transferencia incluye a magistrados, funcionarios, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos" y que "la implementación será progresiva" para lo cual establece un plazo de siete años.
Por otra parte, el proyecto de ley garantiza "la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos".
El jefe del bloque PRO, Francisco Quintana, expresó que el traspaso "va a beneficiar a los vecinos de la Ciudad porque les va a brindar un servicio de Justicia más eficiente, de inmediatez y celeridad".
El debate continuará en una reunión de la cual participarán el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo; el presidente del Consejo de la Magistratura local, Enzo Pagani; el fiscal general, Luis Cevasco, los ministros del Tribunal Superior de Justicia y representantes de la Defensoría General y la Asesoría Tutelar, legisladores y delegados gremiales.


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