Apuran en Gobierno decisión por YPF y negocio petrolero

Entre esta semana y la próxima se realizará la reunión de directorio de YPF que debe convocar a la asamblea de accionistas para aprobar la memoria y balance de 2011, y decidir sobre la propuesta del representante del Estado de formar un fondo con las ganancias no asignadas de 2010 y 2011, un total estimado en $ 6.600 millones.

Si los accionistas -la española Repsol y el grupo local Eskenazi- no acceden a la propuesta de formar un fondo para invertir en búsqueda de reservas y desarrollos en la Argentina, el Gobierno podría llegar a prohibir el reparto de dividendos, aunque no queda claro a través de qué instrumento legal.

Ése sería el próximo paso en la conflictiva relación del Gobierno con YPF. Primero, entre hoy y mañana se espera que Mendoza y Neuquén procedan a la reversión de áreas concesionadas a la empresa argumentando falta de inversión, como ya lo hicieron Chubut y Santa Cruz.

Sin embargo, el Gobierno todavía no definió hacia dónde va con estos pasos. La reversión de áreas de escaso significado para el negocio de YPF, con excepción de las dos de Chubut que tienen mediana envergadura, son gestos políticos, con poco impacto económico. Incluso van a contramano de la necesidad de aumentar rápidamente la producción, para ahorrar divisas y recursos del Estado en la importación de gas y combustibles. Esto es así porque habrá litigios judiciales de incierta duración por esos yacimientos y entretanto quedarán prácticamente cerrados.

Si el Gobierno prohibiera que YPF reparta las ganancias no asignadas hasta ahora, tampoco cambiaría mucho el escenario si no hay una negociación entre las partes sobre el destino de los recursos y las posibilidades de lograr resultados que se noten en los niveles de producción.

Además, la administración de Cristina de Kirchner se enfrenta con que la realidad no es la misma que antes de la privatización de YPF y de la desregulación petrolera realizada en la década del 90. YPF es el actor más importante, pero no es el único. Cambiar las reglas de juego involucra también a otras empresas. Así, la eliminación de los beneficios fiscales del programa Petróleo Plus tuvo otras afectadas, sobre todo Pan American Energy (PAE). La rebaja ordenada sobre el precio del combustible para aviación alcanza también a Shell y a Esso.

Expectativa

No es imaginable un conflicto permanente con todo el sector petrolero, porque también puede operar en el sentido contrario al buscado, y acentuar las dificultades de suministro que obligan a importar. Por eso la expectativa es que el Gobierno está preparando algo de mayor calibre e inmediato sobre YPF.

Hay quienes dicen que la hipótesis de intervenir la petrolera ya fue desestimada por cuestiones legales. La reestatización de la empresa, en cambio, implica otras dificultades: no es buen negocio usar dinero público para recomprar una petrolera que se vendió con más reservas que las actuales y con un precio internacional del petróleo que rondaba u$s 12, cuando hoy supera los u$s 100.

Esa alternativa significa también la necesidad de contar con fondos para explorar y desarrollar los nuevos reservorios, porque las ganancias no serían suficientes para el salto que quiere darse, además de que YPF nuevamente estatal ganaría menos al quedar obligada a fijar precios bajos para los combustibles por razones políticas.

Otra opción es una ley que permita el Estado invertir en yacimientos donde YPF no lo hace a cambio de que esos aportes impliquen una participación en el capital social que el Estado y las provincias ya no tienen, ya que al representante estatal en el directorio sólo le queda la posibilidad de vetar en caso de cambio del objeto social o transferencia accionaria.

Sea cual sea, la definición se concretaría en las próximas semanas, porque el clima político ya está preparado, e insistir con golpes aislados no puede sostenerse en el tiempo.