Archivan otra causa de Gils Carbó por no existir ningún delito

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Se trata de una causa que se inició el 1 de diciembre de 2014 por supuestas irregularidades en la contratación de casi 180 funcionarios y empleados para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue impulsada por Piumato.

El juez federal Julián Ercolini archivó por “inexistencia de delito” una añeja causa en la que se acusó a la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en la contratación de personal para el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Se trata de una causa que se inició el 1 de diciembre de 2014 con una denuncia presentada por el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, y que avanzó sin impulso de la fiscalía (solo con el de la querella).

“Entiendo que en las designaciones puestas en tela de juicio no se advierte la comisión de delito alguno a partir de las conductas traídas a estudio, en la medida en que su dictado no constituiría en sí mismo un ilícito, como así tampoco, a partir de la prueba recabada en autos, se ha logrado determinar la existencia de las finalidades criminales alegadas por el denunciante”, sostuvo Ercolini en el fallo

Denunciador

En su denuncia, Piumato había aseverado que tomó conocimiento de diversas irregularidades que afectarían el normal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir de la designación “arbitraria, indiscriminada y carente de fundamento de personal contratado, no solo en las diferentes áreas de dicho organismo y en Fiscalías, sino también en la efectivización de agentes en cargos infundadamente”, según surge del expediente.

Cumplimiento

En aquella presentación indicó que las irregularidades citadas se encontrarían vinculadas a la contratación de 179 empleados y funcionarios públicos para integrar dependencias varias de la Procuración General de la Nación..

“De la lectura de las resoluciones en trato surge que las áreas de la procuración intervinientes en la tramitación de las designaciones, verificaron el cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos para el dictado de los correspondientes actos administrativos”, enfatizó el magistrado.

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