21 de junio 2018 - 23:37

Asoma "caso testigo" previsional por liquidación del FGS de ANSES

LUEGO DE QUE GOBIERNO FIJARA PRIORIDAD EN SENTENCIAS QUE PUEDEN IMPACTAR EN REDUCCIÓN DE DÉFICIT FISCAL - Demanda iniciada en 2016 ya tuvo cautelar en contra del uso de las acciones para pago de sentencias a jubilados. Se agregan compromisos asumidos con FMI por paulatina venta de activos. Fuero de la Seguridad Social, clave.

Batalla. El Poder Judicial ya fue anoticiado de las prioridades del Gobierno en materia previsional y de validación de tarifas.
Batalla. El Poder Judicial ya fue anoticiado de las prioridades del Gobierno en materia previsional y de validación de tarifas.
Luego de que el Gobierno dejara en claro tras el almuerzo que compartió el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (y por vías indirectas también)- que su prioridad en materia judicial son los fallos por venir en materia previsional y tarifaria, un caso testigo comenzará a concitar todas las miradas. Se trata de un amparo, presentado en 2016, contra la utilización de las acciones en manos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES que tuvo sus idas y vueltas, pero que nunca terminó por resolverse. Su destino es de relevancia por un doble motivo: impacta en el pago de sentencias a jubilados por la Ley de Reparación Histórica, y es ahora uno de los puntos medulares del acuerdo rubricado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio del desembolso de u$s50 mil millones. Cualquier obstáculo impediría la paulatina liquidación, de una "caja" que hoy oscila en los u$s46 mil millones.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°6, a cargo de Juan Fantini debe resolver si da curso o no al amparo presentado por Miguel Ángel Fernández Pastor, que ha sido denunciante en múltiples causas por las reformas implementadas por el Gobierno al sistema previsional. En ese expediente que buscaba que se declare inconstitucional parte de la Reparación Histórica, también se objetaba el uso del FGS para el pago de las sentencias homologadas que contenía el articulado de la norma. En agosto de 2016, Fantini dictó una medida cautelar por la que impidió al Estado hacer uso de esos activos por tres meses, pero no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Allí, el caso comenzó a rebotar en tribunales hasta que su par Fernando Strasser denegó la petición y rechazó el amparo por falta de legitimación del demandante. Pero la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social revocó ese fallo y ordenó que regresara al juzgado de Fantini para que se dictara una nueva sentencia.

Fantini había dado muestras de querer retener el caso, cuando la ANSES buscó que las actuaciones quedaran englobadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Seguridad Social había ganado esa batalla pero el Gobierno afiló su estrategia y recientemente logró que en lo referido a las tarifas intervenga el fuero que analiza decisiones tomadas por alguno de los tres poderes del Estado. Pese a ser una materia específica, no se descarta que se haga un nuevo intento para migrar el caso que impacta de manera directa en la disponibilidad del FGS, a través de la aplicación de la Ley de Cautelares contra el Estado, que le da prioridad al Contencioso. ANSES ya gastó su posibilidad de recusar a Fantini y tuvo un éxito efímero que fulminó la Sala III, la misma que ya declaró inconstitucional parte de la reforma previsional y encendió una enorme luz roja en la Casa Rosada. El oficialismo confía que tiempos judiciales mediante- ese tema tenga una resolución en la Corte Suprema entrado 2019.

Existe otro subtexto que puede ser puesto sobre la mesa por los operadores oficiales: El concurso N°391 donde compiten tres cargos de camaristas para ese sensible fuero. Fantini y otros seis de sus pares están anotados además de tres fiscales.

A la denuncia original se le sumarán como hecho nuevo las implicancias del Memorándum de Entendimiento Técnico que Argentina acordó con el FMI. En su página 7, se detalla el compromiso de "amortizar" (a través de la venta de activos) el FGS para financiar el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las propias empresas cuyas acciones fueron estatizadas dentro de las carteras de las AFJP por Cristina de Kirchner, aguardan esa venta ante la posibilidad de recompra. En la página 22, se reafirma la intención de consumir el FGS computado como "ingresos"- un límite contable de hasta $30.000 millones anuales (0,4% del PBI). Todo ese asunto se preanuncia judicializado en la causa que ya le había apuntado al FGS.

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