Asombran los abusos en la medicina privada

El sistema de salud de Chile es otra fuente de quejas entre los sectores de ingresos medios y bajos. El modelo vigente data de 1981 y establece un aporte del 7% del salario a las privadas Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Los planes médicos obedecen a una lógica de mercado. Por ejemplo, quienes realizan un aporte de u$s 500 por mes por grupo familiar deben hacer copagos cercanos a u$s 20 por una consulta médica regular, o u$s 500 por parto. El 80% de la población cuyos ingresos no alcanzan para un plan básico de una prepaga (Isapre) es atendido por el Estado bajo el sistema Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que puede ser mixto (público y privado) o sólo estatal, lo que no excluye copagos. Sólo las familias con ingresos inferiores a u$s 300 reciben atención gratuita en centros públicos. El diario conservador El Mercurio publicó el pasado 10 de julio una nota ilustrativa de los pesares cotidianos por la ausencia absoluta de controles. Veamos los principales fragmentos del artículo firmado por Bernardita Aguirre.

«Pagué $ 3,4 millones (u$s 7.400) por una semana que mi mamá estuvo hospitalizada en la clínica Indisa. Sabía que saldría mucho, porque se atendió particular, pero me llamaron la atención los medicamentos. Coticé en farmacias y en empresas que venden insumos para las clínicas, y costaban casi la mitad», cuenta Isabel Oyarce.

El establecimiento de salud respondió frente a su reclamo que «los precios de medicamentos se ajustan a una política de precios de mercado de las clínicas que involucran otros costos, como disponibilidad/stock, recursos humanos, almacenamiento, cadena de frío y control de manipulación».

Insatisfecha, Isabel reclamó al Servicio Nacional del Consumidor, desde donde le respondieron que su mediación era voluntaria y no había tenido éxito.

«Uno entra en una especie de laberinto. Me sentí con una desinformación tremenda», dice Carlos Díaz, quien en abril entró a la urgencia de la clínica Vespucio, porque se le incrustó una astilla en el dedo y como es diabético prefirió que lo atendieran ahí. Terminó pagando $ 145.350 (u$s 319,77).

«Al entrar dije en el mesón que quería pagar lo que salía en el cartel, pero me dijeron que no, porque habría insumos extras y había que firmar un pagaré», relata Carlos, quien firmó.

«Entré, un médico me preguntó qué me pasaba, él llamó a un cirujano que me cambió a otra sala, donde me sacaron la astilla con una pinza. Cuando vi la cuenta no lo podía creer».

En clínica Vespucio explican que los precios de urgencia sólo comprenden la prestación médica y/o de enfermería inicial. En el caso de Carlos cobraron $ 32.180 por la urgencia (u$s 70,62), $ 37.120 por el cirujano, más $ 29.880 por el procedimiento que hizo el cirujano; $ 40.170 por el uso de la sala de procedimiento, más $ 2.988 por la anestesia y $ 3.012 por los insumos y medicamentos: una jeringa, aguja, guante, lidocaína (anestésico), gaza y venda.

Quienes van a una clínica privada saben que tendrán que pagar, que si no tienen cobertura de Isapre o Fonasa será más, y que hay establecimientos más caros que otros, pero hay oportunidades en que se encuentran con cobros que no imaginaron.

En mayo de 2009, ambas entidades anunciaron que harían un estudio de los precios que cobran hospitales y clínicas privadas, paso previo para hacer un «cotizador». Pero el estudio no arrojó resultados porque era tanta la complejidad del sistema de cobros de las clínicas que no se podía establecer un precio único por prestación.

Andrés también sufrió el problema en la urgencia del hospital Militar cuando llevó a su hijo con una quemadura en la mano. Salió con una cuenta de casi $ 200 mil (u$s 435). «Me cobraron una curación en el pabellón de quemados por $ 169.648, y mi hijo nunca estuvo en un pabellón; si sólo le pusieron suero, gasa y una venda», dice.

Con el respaldo de la cuenta de los insumos queda claro que no hubo intervención. Él reclamó en la clínica, pero le dijeron que era lo que correspondía. Sin embargo, luego del llamado de El Mercurio, el hospital Militar detectó un «error administrativo al ingresar el código de la curación».

El problema de los códigos también afectó a Héctor Briones en la clínica Dávila. «Me atendieron muy bien, pero catalogaron la herida de mi hija con un código Fonasa de herida grave, cuando era simple. La diferencia en dinero es abismal: $ 148.000 (u$s 325) versus $ 40.000 (u$s 88). Según sus protocolos, las heridas cerca del ojo y del labio son complicadas», reclama Briones.

«No hay control. Te pueden inflar la cuenta como quieren. No existe un protocolo», señala el diputado y doctor Enrique Accorsi. «El tema de los medicamentos es un robo a mano armada. Ellos los compran a 10 y te lo venden a 100. Falta de regulación. Nosotros quisimos ponerlo en la ley de medicamentos, y no entró», explica Accorsi.

Coincide el parlamentario Juan Luis Castro, quien dice que «las clínicas a veces cobran la caja entera, y se usaron dos comprimidos».

El tema ha mejorado: hoy el cobro es unitario y tanto en clínica Indisa como Santa María publican los valores de los fármacos e insumos, pero aclaran que los pacientes no pueden traerlos de afuera. La Fiscalía Nacional Económica está investigando a las clínicas por cobros abusivos de medicamentos y reconoció que hay listas de precios a disposición del público, pero que ésta no es una medida óptima para minimizar el riesgo de abuso porque los pacientes están cautivos.