Atacan EE.UU., Alemania y Holanda; tiempo escaso

Paradójicamente fue el staff del FMI el que jugó a favor de un nuevo plazo para que el Gobierno argentino corrija las mediciones de inflación y del PBI que efectúa el INDEC. Hubo una postura muy beligerante de los representantes de Estados Unidos, Alemania y Holanda (este último en su decisión agrupa a 11 países más como Armenia, Bulgaria, Israel, Chipre, Rumania). Para fortuna oficial, España está representada en el Directorio Ejecutivo del FMI por Carlos Pérez Verdía (México) y su alterno es José Alejandro Rojas (Venezuela).

Recién hoy al mediodía en Washington se pudo lograr postergar la sanción al país, que incluía el debut por primera vez en la historia del organismo, la «declaración de censura». Esto hubiera derivado, tras varios pasos intermedios, en la eliminación del uso de recursos del FMI (que la Argentina no utiliza) y luego, de los derechos de voto. El país hoy vota además en representación de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Desde el Ministerio de Economía, los interlocutores son el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y por el INDEC Norberto Itzcovich. En Washington, transpiró Alfredo McLoughlin, en su despedida de la representación argentina ante el FMI, dado que el mes próximo tomará la posta Sergio Chodos. Desde la renuncia del chileno Nicolás Eyzaguirre al Departamento del Hemisferio Occidental del FMI (a cargo de América Latina), su reemplazo temporal es el subdirector Miguel Savastano (Perú). Fue quien mantuvo la postura neutral, en el sentido de que se siguen negociando y existe aún un diálogo técnico abierto entre las partes.

Desde el Gobierno, ya avizoraban un inminente conflicto con el organismo la semana pasada. Por eso trascendió que hubo viajes de funcionarios a Europa hace siete días, puntualmente a Francia, para atacar una de las raíces de la embestida al país en el FMI y en organismos internacionales en general (BID y Banco Mundial), como es el default aún con el Club de París. Allí hubo contactos en el marco de una cumbre de esa agrupación de países que tienen acreencias impagas con la Argentina. Las conversaciones siguen, pero las diferencias también, puntualmente el plazo de pago. En este sentido quedó claro que el Club de París no está dispuesto a ceder, más después de la estatización de YPF. Quizás en otro frente haya más avances, como son los juicios perdidos ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial. La Argentina en ese sentido prometió negociar pagos, hasta ahora son u$s 450 millones, con las empresas demandantes.

Una de las alternativas presentadas para acercarse al FMI fue el promocionado Índice de Precios a Nivel Nacional que lanzaría el INDEC. Ello ocurriría recién entre 2013 y 2014. Ya fue varias veces prometido. Los puntos objetados por el FMI son varios desde la metodología de trabajo hasta la forma en cómo se recaban los datos. Casi podría decirse que es la totalidad: la materia prima, y su procesamiento.

Hasta ahora, la hoja de ruta del FMI con la Argentina se mantiene sobre la base de las especificaciones del capítulo de «Revisión de la Provisión de Datos al Fondo para la Supervisión». Ahora la Argentina se halla en los 90 días que como máximo el Directorio Ejecutivo del FMI puede dar cuando el país sigue sin brindar información o hacerlo de manera «inexacta» bajo el artículo VIII Seccción 5 (datos van desde los índices de evolución de precios, controles de cambio, tenencias de oro hasta balanza de pagos y el PBI). ¿Qué hay para adelante? Pudo el FMI ayer incluir la intención de la directora gerente, Christine Lagarde, de recomendar la emisión de una «Declaración de Censura» si las acciones específicas no se implementan en esos tres meses. Pero no ocurrió. Sólo habla el comunicado de ayer de «pasos adicionales» en función de la respuesta argentina.

La hoja de ruta abre para el 17 de diciembre la posibilidad de que se extienda ese período, se exija al país que tome más medidas en un nuevo cronograma; lo peor sería que se avance en una «declaración de censura». Ésta puede incluir un nuevo emplazamiento para poner en práctica las medidas correctivas y luego, ante un nuevo fracaso, el reclamo por inelegibilidad bajo el artículo XXVI del FMI. Esto significa que el país no podrá hacer uso de los recursos generales del FMI y con la advertencia de que si se mantiene sin correcciones, se puede llegar a la suspensión de los derechos de voto en el organismo. Si seis meses después de la declaración de inelegibilidad persiste el incumplimiento, se acerca ya al casillero final, con la recomendación del director gerente para la suspensión del poder de voto. Otros seis meses después sí es el final: si las obligaciones siguen sin cumplirse, y ya sin poder de voto, el director gerente puede recomendar iniciar el procedimiento de retiro compulsivo del país del FMI.