Avance, leve, ante Corte de EE.UU.: limitan posibles embargos buitres

• Se descartó avanzar sobre activos militares y diplomáticos.• A fines de junio o principios de julio, la decisión final.

Los ocho jueces de la Corte de EE.UU. finalmente escucharon a la Argentina y los buitres cara a cara. Hubo, para el país, victorias y derrotas.

Por primera vez en casi 12 años de conflicto con los fondos buitre, la Argentina obtuvo un guiño de parte de dos jueces norteamericanos. Y no se trata de un apoyo menor, sino de dos de los más importantes miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el presidente del tribunal, el republicano John Roberts, y la demócrata Ruth Bader Ginsburg. El primero limitó severamente los reclamos del fondo Elliott de Paul Singer sobre el pedido de información de los activos financieros que el país tiene en ese país. La segunda se convirtió ayer el primer magistrado que habló en contra del accionar de la acción de los buitres.

Estas fueron las principales victorias que ayer obtuvo la Argentina en la audiencia clave en Washington, donde la misión fundamental fue la intención de convencer a los ocho integrantes de la Corte norteamericana para que el máximo referente del Poder Judicial de EE.UU. acepte tratar el "Juicio del Siglo" de la Argentina contra los fondos buitre. Habrá que esperar para conocer si el objetivo estuvo logrado. Los jueces les aclararon a los representantes legales de ambas partes que hasta la útima semana de junio o comienzos de julio no se conocerá la decisión final de la Corte, sobre si acepta que este caso sea uno de los 85 sobre los que fallará en el ejercicio judicial 2014- 2015. Si la respuesta es positiva, la Argentina habrá ganado más que el tiempo necesario para poder emprender una solución negociada con los fondos buitre y los "hold-outs". Si la decisión es negativa, el país tendrá un severo revés ya que los fallos negativos de primera y segunda instancia quedarán firmes y la Argentina se encaminará a un seguro "default técnico".

Hubo igual ayer algunas derrotas. Especialmente durante la intervención de la jueza demócrata Elena Kagan, que manifestó que el pedido de los fondos buitre para que se conozcan las posiciones financieras en los Estados Unidos podría analizarse, y "de una manera extrema y abierta".

La audiencia de ayer ante la Corte representó además el debut del "Top Gun" contratado por la Argentina, Paul Clement, uno de los mayores conocedores de los resortes del Tribunal y la persona que ideó la estrategia que ayer comenzó a aplicarse por primera vez en el juicio. Este exprocurador de los Estados Unidos durante el Gobierno de George W. Bush fue quien terminó de convencer a su exoficina, ahora manejada por la administración de Barack Obama, para que se presente en la audiencia de ayer a defender la posición de la Argentina. Así se hizo, y el procurador general adjunto, Edwin Kneedler, se presentó ayer personalmente a respaldar la posición del país, siendo además quien más preguntas recibió de parte de los jueces. De hecho, de la obligación primaria de exponer durante no más de 10 minutos, Kneedler expuso a favor de la Argentina por más de 25 minutos. En particular argumentó alertando a los jueces sobre el "peligro" de sostener la posición de los fondos buitre, tanto por las consecuencias "negativas que puede tener en el sistema financiero internacional" como por los efectos negativos "en los mercados financieros locales". Puntualmente, el hombre del Gobierno de Barack Obama mencionaba elípticamente las consecuencias que podría tener el sostenimiento del fallo a favor de Elliott y el resto de los fondos buitre sobre el negocio de la colocación de deuda soberana de países en desarrollo en Wall Street, un mercado que anualmente maneja unos u$s 25.000 millones anuales; y que quedaría jaqueado si la Corte decide no tomar el caso o, si lo toma, fallar en contra del país. Igualmente Kneedler no la pasó bien ayer. Los jueces fueron particularmente duros en la interpretación que el Gobierno de Obama hace sobre el pedido de "apertura" (discovery) de las cuentas de la Argentina en los Estados Unidos, y la "prevención" que el funcionario les pidió a los jueces. "Creí que la ley sobre la que estamos hablando era, justamente, para librarnos de este tipo de interferencias", le contestó el juez republicano Antonin Scialia, uno de los más duros y técnicos al momento de realizar preguntas. Scalia además no se privó de deslizar críticas contra la Argentina al preguntarse (y contestarse) por qué en el caso de "discovery" no había países que que hubieran escrito a favor. "Quizá porque también le deben plata", desatando sonrisas entre los representantes de los fondos buitre y los "holdouts". Aún más irónico fue el magistrado demócrata Stephen Breyer, que le aclaró al funcionario que "no estamos para autorizar embargos de bifes", desatando la única carcajada de la hora de sesión de ayer.

Paul Clement no habló, sino que lo hizo el representante del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Johnathan Blackman, quien además abrió el fuego ante la jueza demócrata Sonia Sotomayor, quien no iba a participar, pero finalmente concurrió. Para algunos observadores esto representaría un buen síntoma, ya que demostraría el interés que el caso tiene para la Corte. En definitiva, es lo que la Argentina busca: que el Tribunal tome el caso porque lo considera importante. Sotomayor fue dura contra la Argentina, y le deslizó a Black-man que Antonin Scalia y Sonia Sotomayor sugirieron que los bancos pueden ser obligados a proporcionar detalles sobre los activos argentinos en todo el mundo por el proceso legal de "descubrimiento". Según el juez, el pedido de Elliot "no iría más allá de lo que permite la ley".

A favor del país actuó al menos en parte (por lo que se desprendió de sus preguntas), el presidente de la Corte, el republicano John Roberts. Éste les impuso límites concretos a los pedidos de embargos de los fondos buitre, al aclarar que el reclamo (avalado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en su momento) de obligar a la Argentina a que exponga absolutamente todas sus posiciones financieras en Estados Unidos, es "bastante intrusiva". Roberts le aclaró al abogado del fondo Elliott que la Corte podría, como mínimo, recortar la orden de Thomas Griesa de primera instancia (que luego avaló la Cámara) sobre el derecho de obtener información sobre los recursos financieros destinados para actividades militares y diplomáticas, cuestión que "está dentro de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de EE.UU." y que haría que estén "exentos de la posibilidad de embargos". Si bien la frase le colocó límites al pedido de los buitres, Roberts dejó abierta la alternativa de revisar qué sucede con el resto de los fondos que la Argentina mueve en los Estados Unidos, incluyendo los pagos de servicios de intereses, honorarios a profesionales y activos financieros con fines de ahorro. El pedido de Elliot incluye, además, las cuentas de compañías y empresarios que recibieron pagos del Estado argentino (como Lázaro Báez) y hasta posibles activos inmobiliarios de ex residentes.

Al final habló la jueza demócrata Ruth Bader Ginsburg (nombrada por Bill Clinton y de origen "liberal"), que directamente opinó que la acción de los fondos buitre era "extrema" ya que "la mayoría de los tenedores de bonos aceptó las condiciones establecidas por la Argentina". Ginsburg se convirtió así en el primer magistrado de los 13 que ya trataron el caso contra los buitres que más criticó a los fondos y, al menos en parte, mencionó la aceptación del 93% de los canjes de 2006 y 2010.

La buena noticia final, luego de más de una hora de sesión ante la Corte, es que probablemente se haya logrado el objetivo de interesar a los jueces del tribunal para que tomen el caso. La mala es que, según se desprende de las preguntas y posiciones, ya habría asegurados no menos de cuatro votos en contra (Scaglia, Sotomayor, Breyer y Kagan) y uno a favor (Ginsburg). Restaría conocer los de Roberts y de los republicanos Samuel Alito y Clarence Thomas; este último, el único que ayer no habló.