Avanzan imputaciones contra policías

Los procesos judiciales relacionados con la violenta ola de saqueos generada en distintas provincias tras los acuartelamientos de las policías locales de diciembre pasado continúan con el avance de imputaciones sobre uniformados por los graves episodios ocurridos. Algunos distritos involucrados son Santa Fe, Chaco y Córdoba. Veamos:

Santa Fe. En la provincia que lidera el socialista Antonio Bonfatti, el fiscal federal Walter Rodríguez imputó a seis efectivos policiales por el presunto delito de sedición durante el acuartelamiento de la fuerza en reclamo de mejoras salariales.

El magistrado también imputó y pidió la indagatoria del titular de Apropol, Alberto Martínez, que lidera la organización que nuclea a gran parte de efectivos pero que aún no cuenta con personería jurídica.

Los policías en actividad imputados junto a Martínez son los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani; el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres, y el agente Alejandro Miguel Zamaro.

Según Rodríguez, quedaron en evidencia el "movimiento sedicioso" y los "espacios virtuales" de Apropol, a los que interpretó como una "instigación a cometer delitos".

El fiscal además dijo que "el personal de seguridad utilizó las armas proporcionadas por el Estado para mantener el orden público y la paz social en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal", y detalló: "En el caso de los imputados por sedición, cumplieron el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas".

Chaco. En el distrito que gobierna Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el equipo de fiscales del Ministerio Público imputó por incitación a la violencia y sedición a un centenar de personas, en su mayoría policías y agentes penitenciarios. El requerimiento judicial fue presentado ayer ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Carlos Skidelskiy, y lleva la firma de los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Sansserri, Carlos Amad y Federico Carniel. La investigación preliminar tiene 1.900 fojas y fue realizada durante diciembre de 2013 y enero pasado, donde declararon 25 testigos.

El equipo de fiscales asegura que "mediante el autoacuartelamiento armado y cese de las funciones", los efectivos operaron "como una herramienta coactiva y grupal para que el Gobierno tome una medida respecto de su cuestión salarial".

Córdoba. En el distrito que lidera José Manuel de la Sota, el abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini presentó ayer, ante la Cámara de Acusación, un recurso de habeas corpus a favor de 10 policías detenidos, ya que considera que se los mantiene en prisión "en forma arbitraria, violando el principio de inocencia al ser tratados como condenados cuando aún no han tenido un juicio previo, y tampoco condena de un tribunal".