La comisión de Legislación Penal de Diputados aprobó ayer un dictamen sobre la base de iniciativas del oficialismo y la oposición para agravar penas a los agresores de servicios públicos, tras el ataque días atrás a una maestra en Tigre.
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El avance va más allá de una norma bonaerense aprobada el año pasado que prevé penas de "hasta 30 días de arresto" para quienes agredan a personal docente y no docente de los establecimientos públicos y privados.
Uno de los proyectos tenidos ayer en cuenta por la comisión de Legislación Penal, que preside la radical Gabriela Burgos (Jujuy), fue el del massista Juan Brügge (Córdoba), aunque también se consideró otro del legislador radical Diego Mestre (Córdoba), titular de la comisión de Justicia de Diputados.
Burgos destacó el consenso logrado para conseguir un dictamen mayoritario y aclaró que en el caso de los docentes y médicos "se aumentará la mínima y la máxima pena cuando el delito es cometido en función de la tarea que están desempeñando". Según lo acordado, la iniciativa no permitiría la excarcelación si el daño tras un ataque deja como consecuencia una enfermedad incurable, la pérdida de un sentido, de un órgano o la posibilidad de poder seguir desarrollando ese trabajo.
Cepo a excarcelaciones
Durante la reunión que comandó Burgos, los diputados también dictaminaron el proyecto para impedir excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por violaciones, muertes por torturas, robos a mano armada, trata de personas, o narcotráfico, que modificó semanas atrás el Senado. El despacho no incluye -tal como cambió el Senado- la restricción de otorgar la libertad condicional para los delitos de homicidio simple, contra el orden económico o el contrabando simple.
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