Avanzarán con el canje pese a fallo de Griesa

Thomas Griesa

La Argentina apelará la sentencia del viernes del juez de Nueva York, Thomas Griesa, por los u$s 2.243 millones del litigio con los bonistas que no entraron al canje de la deuda en 2005. Así lo confirmaron ayer funcionarios del Gobierno, quienes aseguraron que la acción judicial a la que dio vía el magistrado norteamericano está mal formulada y, además, que el cálculo por el que se llega al monto de la sentencia es erróneo.
También aseguraron que la decisión judicial de Griesa no afectará la negociación de los Préstamos Garantizados (PG) en la reapertura del canje que intenta orquestar el Gobierno. «La situación no cambia en lo más mínimo. La sentencia no abarca los activos subyacentes de los PG. La Argentina nunca los incluyó», defendió un funcionario, al tiempo que detalló: «Lo que se va a canjear son los Préstamos Garantizados y, en la medida que se paguen, la sentencia de Griesa no va a interferir en la reapertura del canje. No existe ningún impacto en el programa financiero».
Fundamentos
La justificación que esgrimen para apelar la sentencia del juez neoyorquino se basa en dos puntos. Por un lado, para el Gobierno la «acción de clase» (demanda colectiva parecida a la convocatoria de acreedores) iniciada en Estados Unidos está mal hecha. Según explicaron, para poder llevarla a cabo, los tenedores de bonos de algunas de las ocho series de papeles por las que se expidió Griesa el viernes debieron haber aceptado el litigio cuando, en realidad, el proceso se hizo de manera inversa: quienes no deseaban quedar comprendidos así lo expresaron, por lo que se entiende que quienes no lo hicieron lo aceptan. «La posición argentina es que esa sentencia no se ajusta al derecho norteamericano», sostuvieron funcionarios del Palacio de Hacienda.
El otro punto por el que apelarán se refiere al monto. Según el Gobierno, los acreedores indicaban en una audiencia que se hizo en noviembre que la deuda por estas ocho series alcanzaba los u$s 3.000 millones, lo que incluía también los intereses hasta fines de 2008. Sin embargo, pese a que la postura oficial de ese momento, de que el cálculo según la fórmula utilizada arrojaba la suma de u$s 2.243 millones (por la que falló Griesa), ahora la Argentina dirá que la formula no era la correcta, por lo que la apelación también será por este punto. «La sentencia no está firme. Faltan pasos para llegar a que eso ocurra. Hay un proceso que cumplir», alegaron. «Es poco serio tratar de manejar a la prensa con dimes y diretes. La Argentina consintió esos números. Si ahora dicen lo contrario, lo deben demostrar con papeles», respondió el abogado que representa en la Argentina a los bonistas en Nueva York, Pablo Giancaterino.
Desde el Gobierno reconocieron que «la sentencia de Griesa no fue una sorpresa. No es menor, pero el único punto al que se refiere es reconocer el derecho de cobro sobre determinadas series de bonos. Lo único de trascendencia es el monto comprendido, que es importante».