Batería legal para combatir los monopolios está lista y espera

Jorge Capitanich aclaró que el Gobierno no pretende avanzar sobre la tasa de ganancias que se aplica a las empresas, sino en un debate sobre la ley antimonopolio, poco utilizada, aunque vigente desde la década del 90.

Jorge Capitanich se entusiasmó ayer con la idea de avanzar en un debate sobre la "regulación de monopolios" en el país. Lo dijo en su conferencia de prensa habilitual de la mañana.

Fue en ese momento que desarmó cualquier posibilidad de avanzar con alguna reforma legal que permitiera regular ganancias para cada empresa en función de su comportamiento: "Esto no implica una regulación de la tasa de ganancia de cada una de las empresas".

Así, desmintió que el Gobierno estudie nuevas regulaciones a las tasas de ganancias de las empresas: "Hice referencia al análisis de la cadena de valor", se explicó Capitanich, tras sostener que "el funcionamiento del sistema capitalista implica también un debate respecto a la regulación de monopolios y oligopolios". 

Y siguió "porque de ese modo es posible construir un sistema económico de calidad, con incentivos a la inversión, de manera que el más fuerte no se apropie de la tasa de excedente del más débil".

En la Argentina existe un régimen de Defensa de la Competencia que actúa desde 1999.

En agosto de ese año se promulgó el proyecto que tipifica el abuso de la posición dominante, prohíbe todo acto "que tenga por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia", prohibe la concentración económica y la define y crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico.

Ese tribunal nunca se constituyó por lo que el país en realidad no cuenta con un órgano autónomo, como sucede en gran parte de los países centrales, que decida sobre la concentración económica, cuando hace más de 15 años se había votado la última versión de esa ley. Poco después la creación del Tribunal perdió vigencia.

Es decir, nunca existió la voluntad de nombrar a los jueces integrantes y someter el control antimonopolios a un organismo extrapolítica.

Sí funciona la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y con más o menos apoyo político define la aplicación de sanciones y multas.

El problema es que sus funciones en muchos casos y la hora de decidir sobre fusiones y adquisiones fueron asumidas por el secretario de Comercio Interior.

Capitanich ayer explicó que salía a explicar la intención del Gobierno para "evitar" falsas interpretaciones y mencionó que los países más "modernos" como Estados Unidos, y la Unión Europea, también ejercen dicho rol regulador. Sostuvo, entonces, que esto es importante para que el sistema económico "funcione adecuadamente", y citó como ejemplo el caso de Microsoft, en Europa, y la ley antitrust en el país de América del Norte.