BCRA tiene nueva Carta, pero M. del Pont sigue nombrada en comisión

Dos decisiones de la Casa Rosada marcarán desde ahora el ritmo con el que el Gobierno manejará la nueva Carta Orgánica del Banco Central que el Senado convirtió en ley ayer a la madrugada. Una de ellas quizás no se tome nunca, pero la otra requiere una inminencia que de alguna forma dará pistas sobre el ritmo con que el kirchnerismo piensa utilizar la nueva caja de financiamiento.

Mientras el Gobierno apuntó con la ley a delegar funciones y poderes en el directorio del Central, al límite de dejarle la definición última del nivel de reservas aceptable a cuatro directores de la entidad, incluyendo a su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, siguen sin tener acuerdo del Senado.

Esto significa que el nombramiento de Marcó del Pont, el vicepresidente Miguel Pesce; el director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Santiago Carnero; y el director Waldo Farías siguen nombrados en comisión. Es decir, dependen para su permanencia o remoción exclusivamente de la voluntad de la Casa Rosada.

La falta de acuerdo en el Senado no puede imputarse al capricho o desidia de los senadores. Todo lo contrario: cuando se venció el acuerdo a Marcó del Pont por su primer período en la jefatura del Central, el que ocupó para terminar el de Martín Redrado, el Gobierno procedió inmediatamente a enviar la renovación a la Comisión de Acuerdos.

A partir de ese momento desapareció toda voluntad en el kirchnerismo de regularizar la situación de la presidenta del BCRA. Está claro que no es lo mismo tomar decisiones en la autoridad monetaria teniendo la cobertura legal completa que da el Congreso (incluyendo el proceso de juzgamiento para el caso de un pedido de destitución) que dependiendo sólo de una lapicera.

De hecho, el año pasado hubo un episodio confuso en el Senado en torno al acuerdo a Marcó del Pont: el chubutense Marcelo Guinle pareció apurar la firma del dictamen para llevar al recinto la ratificación del pliego de la funcionaria. Logró, curiosamente, que el cordobés Luis Juez lo firmara, desatando un escándalo en la oposición, y cerró otro acuerdo con Carlos Menem para la firma que faltaba.

Pero cuando el kirchnerismo tuvo que dar la palabra, el tratamiento del acuerdo a Marcó del Pont volvió a dar marcha atrás. No hay movimiento por ahora en ese trámite. Es más, en el oficialismo reconocen que no existe impulso alguno para que se reinicie el proceso de ratificación, para el que ahora deberá emitirse un nuevo dictamen ya que aquel que trabajosamente logró Guinle perdió estado parlamentario.

Dependencia

En la vista de esta semana de la funcionaria al Senado algunos opositores plantearon el tema. No es para menos: sin acuerdo del Senado, cuatro directores del Central, incluida presidenta y vice, quedan en una relación de dependencia directa del Poder Ejecutivo. Mas aún, cuando el directorio ahora tiene el máximo poder de decisión que se puede tener sobre el uso de las reservas. De hecho, buena parte del oficialismo y la oposición esperaban que el postergado acuerdo a los directores del Central se votara el miércoles pasado, al mismo tiempo que la reforma a la Carta Orgánica del BCRA. Ningún opositor se hubiera negado a ese debate.

Pero ni siquiera con Marcó del Pont en las cercanías hubo alguna definición oficial. De hecho, la conducción kirchnerista evitó toda pregunta al respecto mirando para otro lado. Ayer, un integrante de la bancada oficial le confirmó a este diario que no existe pedido alguno: «De darle acuerdo ahora, su mandato excedería el de Cristina de Kirchner. Cuanto más tiempo pasa, más cerca está de quedarse en comisión para siempre», se dijo. Eso no implica que en cualquier momento la Casa Rosada pueda cambiar de opinión.

Hay otra decisión que sí debe ser inminente. No podrá pasar mucho tiempo entre la firma del decreto de promulgación de esa ley y la primera reunión en la que el directorio de BCRA se haga cargo de sus nuevas facultades para, por lo tanto, fijar el nivel mínimo de reservas necesario que garantice la base monetaria. De hecho, hace tres días el directorio de la entidad está encerrado discutiendo las cuestiones técnicas sobre esa decisión que deberán tomar la semana que viene.

Ese paso es imprescindible no sólo para definir las nuevas (y esperadas por el Gobierno) reservas de libre disponibilidad que aparecerán tras el nuevo cálculo, sino para cubrir el bache legal que queda con la indefinición que plante el paso de un sistema basado en el tipo de cambio a otro apuntalado sólo por una decisión del directorio. El enigma, entonces, no demorará en revelarse.