Comenzaron a archivarse las primeras de las más de 4.000 causas en curso relacionadas con delitos penales tributarios que involucran deudas por $ 3 mil millones. Es consecuencia del plan de moratoria impositiva y blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno.
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Los beneficiados no son contribuyentes que deciden espontáneamente pagar cargas sociales adeudadas o ingresar dinero al país para contribuir con la reactivación. Se trata de quienes, tras una demanda de la AFIP y en pleno juicio, encuentran mecanismos flexibles para estirar los plazos de pago o para achicar las cargas que les reclamaba el fisco. Aunque son diferentes los criterios aplicados, la consecuencia es la misma: la Justicia considera que el evasor tiene voluntad de pago y se acoge al nuevo régimen, y en el peor de los casos el proceso se suspende hasta comprobar que efectivamente eso no ocurrió.
Confianza
Según una alta fuente de la AFIP, los contribuyentes que están en medio de un proceso judicial son justamente en los que más se concentra la confianza del organismo para tener un resultado positivo del plan que vence el 31 de agosto, que todavía tiene un muy pobre acatamiento. «Hay grandes empresas y también pequeños contribuyentes denunciados por evasión tributaria o cambiaria que estaban esperando que sus delitos prescriban. Ahora, esa prescripción fue suspendida y les conviene acogerse al régimen y pagar menos», explicó. Y agregó: «Ya hay por lo menos cinco de estos casos avanzados». Las causas por delitos tributarios que involucran montos más abultados surgieron por denuncias contra cerealeras, empresas constructoras y entidades financieras.
Pero según estudios de abogados, hay una trampa. Quien está en juicio puede comprobar que ingresó en el nuevo plan de moratoria o blanqueo de dinero, la Justicia le suspenderá la acción penal, comenzará a pagar las cuotas por unos años y luego puede no terminar de pagar el plan y no quedan claros los límites de la suspensión de la prescripción.
Uno de los fallos relacionados con este tema que puede dejar precedentes para el futuro fue el de la Cámara Federal de Rosario, donde la semana pasada se decidió anular el procesamiento de los responsables de una empresa que no pagaba IVA, Ganancias y cargas sociales.
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