Los comicios para renovar la mitad del Congreso, elegir nueve gobernadores y casi 900 alcaldes, entre otros cargos, se iniciaron en medio de incidentes violentos como la quema de urnas y enfrentamientos con la Policía o entre grupos de civiles. La violencia se originó como secuela de las protestas de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre pasado.
Las autoridades decretaron la anulación de los comicios en Tixtla, donde se ubica la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que asistían las víctimas, luego que desde muy temprano padres de los jóvenes quemaron urnas en la principal plaza pública. El movimiento para socavar las votaciones cobró fuerza en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
Además de los familiares y compañeros de los desaparecidos, sindicatos que agrupan a decenas de miles de maestros disidentes exigieron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto cese su plan de ir ejecutando varias reformas estructurales y en particular cancele una reforma educativa que somete a evaluaciones a los profesores. En Oaxaca, los maestros prendieron fuego cerca de 40 urnas de votación y robaron alrededor de 50. Grupos reducidos rompieron vidrios de bancos en el centro y arrancaron cámaras de seguridad de las calles.
La campaña electoral fue la más convulsionada de las últimas dos décadas: 16 candidatos y otros políticos fueron asesinados y una veintena de aspirantes abandonaron la carrera por temor a correr la misma suerte. Varios partidos ni siquiera presentaron postulantes en las regiones más conflictivas.
Pese a la debilidad que mostró la economía, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendría su actual mayoría relativa en la Cámara baja y podría lograr la mayoría absoluta si sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza, mantienen la votación de 2012, según encuestas.
| Agencias Reuters, ANSA, EFE y AFP |
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