Al final lo firmaron todos los diputados del FpV. Hubo remolones, pero el texto que bajó al recinto, y luego fue aprobado por unanimidad, simuló la unicidad de criterio y voluntades de un bloque cruzado por matices, diferencias y mandos antagónicos.
Promovido por José Ottavis, cacique de La Cámpora y vice de la Cámara de Diputados bonaerense, el proyecto está dirigido a Daniel Scioli e interroga sobre los vínculos contractuales, sus características y alcance, entre el Gobierno provincial y la empresa Boldt.
No hay, en todo el trámite, una pizca de ingenuidad. Los ultra-K martillaron una bomba sucia que semanas atrás activó Amado Boudou cuando, a modo de defensa por las denuncias sobre el caso Ciccone, acusó a Boldt de digitar una operación en su contra.
El martes, Ottavis notificó sorpresivamente sobre el proyecto, y ayer el pedido de informes -el radical Ricardo Jano recordó que la provincia sólo responde el 20% de esos reclamos- fue aprobado. Votaron todos: los K, el sciolismo y todas las variables opositoras.
Pero entre un episodio y otro ocurrió mucho. «Es un proyecto contra una corporación que quiere destruir al Gobierno», dijo, eufórico, Ottavis. «¿Y si en vez de pedido de informes planteamos la revocación del contrato de Boldt?», sugirió, anónimo, un diputado.
«¿Contra quién es? ¿Contra Randazzo, contra Scioli? ¿A favor de Boudou?», pataleó otro legislador entre la incertidumbre y la sensación de que no le contaban parte de la historia. Con las horas, se sumaron intrigas y especulaciones.
Anoche, el proyecto Boldt se ramificaba en múltiples frentes:
Tensó, una vez más, la relación entre La Cámpora y Scioli porque a simple vista parece tener la intención de «revelar» la existencia de una relación comercial entre el Gobierno provincial y la compañía. Es el segundo sacudón en estas semanas: la anterior sanción que propició el espacio ultra-K fue crear una comisión para investigar el Caso Candela, otra cuestión sensible para la gobernación.
Apareció como coletazo de la interna del gabinete de Cristina: en La Plata hacían una lectura subcutánea para advertir que al revisar el vínculo entre Boldt y la provincia, derivarán inevitablemente en los días en que Felipe Solá era gobernador y Florencio Randazzo, su ministro de Gobierno, a quien el boudouismo acusa de «filtrar» datos contra el vice.
El tercer componente es a mediano y largo plazo: apuntar sobre Boldt para sacarla, definitivamente, del negocio del juego. A fines de 2012 y durante 2013, se vencen los convenios que la firma -que opera también con su subsidiaria Gaming Boldt- tiene con la provincia: Trilenium -casino de Tigre- y el manejo del sistema on line. El objetivo parece obvio: que no exista posibilidad de que Boldt siga operando. Quizá con los meses se sepa más: qué grupo podrá, por caso, usufructuar ese vacío. La primera teoría, al margen de los que indican que la relación con Cristina está deteriorada, apunta a Cristóbal López.
En paralelo, aunque a priori la maniobra camporista para «desnudar» a Boldt sería funcional a Boudou, tiene un efecto colateral: mantiene activo el caso cuando el vice reza cada noche para que el tiempo licue la denuncia en su contra. La jugada, en ese caso, puede convertirse en una navaja de doble filo.
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