La confesión de Sérgio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de la petrolera e implicado en el escándalo de corrupción, se dio en el marco de un acuerdo de cooperación judicial y fue difundida por el Supremo Tribunal Federal (STF).
La validación de la alta corte es crucial, ya que implica que la "delación premiada" cuenta con pruebas que respaldan lo denunciado.
Según los términos de su "delación premiada", Machado se comprometió a devolver a las arcas públicas la suma de 75 millones de reales (21,4 millones de dólares), no podrá ser condenado a más de 20 años de prisión y cumplirá su pena en un régimen de prisión domiciliaria.
En el documento, de 245 páginas, Machado describe la forma en que operaba en Transpetro, similar a la ya descubierta en las vastas investigaciones sobre Petrobras, que consistía en el otorgamiento de contratos amañados con precios inflados a empresas privadas, a fin de repartir las diferencias entre directores de la compañía y políticos.
Temer sustituyó el 12 de mayo a Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones para responder en un juicio político por el supuesto "maquillaje" de las cuentas públicas, y hasta ahora su nombre no había aparecido en ninguna de las decenas de delaciones obtenidas por los tribunales en la investigación sobre Petrobras.
Sin embargo, según Machado, Temer le solicitó ayuda financiera para la campaña electoral de un candidato del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en 2012, cuando era vicepresidente del país en el Gobierno de Rousseff y presidía esa formación.
Machado, quien también ocupó un escaño de senador por el PMDB, dijo que Temer lo buscó con la intención de obtener financiación para la campaña de Gabriel Chalita para la alcaldía de San Pablo y que se acordó un aporte de 1,5 millón de reales (428.500 dólares al cambio actual).
Ese dinero, de acuerdo con los documentos liberados por el STF, fue pagado por la constructora Queiroz Galvao, que lo entregó directamente al PMDB.
Según el texto difundido por el alto tribunal, "estaba claro" que lo negociado con Temer era que Machado pidiera "recursos ilícitos a las empresas que tenían contratos con Transpetro, como forma de donación oficial para la campaña de Chalita".
Los documentos contienen la transcripción de grabaciones de conversaciones entre Machado y el expresidente José Sarney este mismo año, en las que también se cita a Temer. "Yo contribuí con Michel", dice Machado, quien al parecer quería obtener algún favor de Sarney en sus enredos con la Justicia.
En su declaración, Machado también relató haber ayudado a financiar campañas en forma ilegal de una veintena de políticos del PMDB, con unos 100 millones de reales, y de otras cinco formaciones.
Se trata del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, el Partido Comunista do Brasil (PDdoB), que apoya a la mandataria suspendida, y los partidos Progresista (PP), de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), estos tres últimos de la base que respalda al Gobierno interino.
Entre los citados por Machado aparece Henrique Eduardo Alves, quien fue ministro de Turismo durante la gestión de Rousseff y ahora ocupa el mismo cargo en el Gobierno interino de Temer.
Según dice Machado en su confesión, ninguna de las donaciones que intermedió fue "lícita" y todos los políticos "sabían" cómo operaba la red de corrupción y que el dinero tenía origen en esa trama, aun cuando muchas veces era entregado bajo una fachada legal.
"Aunque la palabra comisión no llegara a ser dicha, ellos sabían, al buscar a Machado, que de él no obtendrían donaciones de recursos propios ni de Transpetro, y sí de empresas que tenían relaciones contractuales con esa compañía" estatal, dice el documento.
Por otro lado, Machado declaró también que había un plan en el que estarían implicados el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el exministro de Planificación y mano derecha del presidente interino, Romero Jucá, para obstruir la investigación sobre los sobornos dentro de Petrobras, conocida como "Lava Jato" (lavadero de autos), una vez que Temer asumiera la presidencia del país.
Además de afectar personalmente a Temer, quien goza de niveles de respaldo popular de apenas el 11%, las acusaciones podrían desestabilizar más la coalición de Gobierno.
| Agencias EFE, Reuters y ANSA, y Ámbito Financiero |
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