Bonafini contra obreros: “Vayan a reclamarle a Schoklender”

Hebe de Bonafini

La controversia entre Hebe de Bonafini y los obreros empleados en las obras de Madres de Plaza de Mayo terminó de imponerse ayer por sobre el escándalo judicial en torno al exapoderado Sergio Scho. Un grupo de trabajadores increpó a la dirigente durante la tradicional ronda de las Madres en la Plaza de Mayo, en tanto que otros cortaron la Ruta 197 a la altura de Tigre, como el miércoles lo habían hecho en la General Paz y la Riccheri.

«Reclamale a Sergio Schoklender, que es el que te echó», fue la respuesta de Bonafini a uno de los manifestantes que intentó abordarla durante la manifestación en la Plaza de Mayo. El trabajador se le acercó con telegramas de despido de otros exobreros en mano y con papeles que, según dijo, acreditaban deudas salariales.

La líder de Madres lo paró en seco: «Sergio (Schoklender) nos robó todo. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Quién los manda a ustedes?». El diálogo se concretó mientras Bonafini intentaba descender de una combi para encarar la ronda semanal de la organización de derechos humanos. El manifestante le contestó que hacía seis meses que habían comenzado «despidos o renuncias» por parte de los trabajadores inscriptos en las obras de la Misión Sueños Compartidos, que regenteaba Schoklender.

Una vez calmados los ánimos, Bonafini ensayó un discurso desde la misma camioneta. «Estamos haciendo lo que podemos y más de lo que podemos. Hace 35 años habitamos esta plaza para hacer un país mejor. Muchos de los que reclaman no saben qué significan las Madres, ni qué significa este pañuelo. Este pañuelo, blanco y bordado, tiene que ver con el amor y la lucha», aseguró.

En paralelo, un centenar de obreros mantuvo un corte en la Ruta 197 a la altura del puente de Pacheco, donde se extienden tres obras de Sueños Compartidos que, según dijeron, permanecen paralizadas desde el estallido del escándalo judicial. Al igual que el miércoles, los trabajadores volvieron a denunciar que Madres de Plaza de Mayo los obligaba a participar en actos del oficialismo nacional para mantener sus empleos.

En las dos protestas se reclamó el pago del salario completo del mes de junio y el medio aguinaldo correspondiente. El miércoles los manifestantes que habían protagonizado el corte en la General Paz habían recibido el compromiso

de boca del subsecretario de Obras Públicas nacional, Abel Fatala, de que ayer estarían depositados los sueldos impagos. En esa ocasión explicó que la demora tenía que ver con el desorden administrativo que dejó la intempestiva salida de Schoklender del cargo de apoderado de Madres. Y hasta dijo que el Gobierno aportaría contadores para emprolijar los números.

Mientras el expediente judicial principal aguarda el regreso del juez federal Norberto Oyarbide de sus vacaciones para retomar su ritmo, otros dos sumarios avanzaron en paralelo en las últimas horas. El fiscal Miguel Ángel Osorio, que investiga junto al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presuntos incumplimientos en los contratos para obras entre el Estado y Madres, le pidió al magistrado intimar al Gobierno porteño para que envíe toda la documentación vinculada a los contratos que la entidad mantuvo con la Ciudad.

El fiscal se basó en la demora en contestar del Instituto de la Vivienda al pedido de documentación contable. Osorio quiere que Martínez de Giorgi cuente con toda la información relativa a la construcción de más de 800 viviendas que la administración porteña tiene contratada con Madres. En este expediente, iniciado a raíz de la denuncia de un abogado, están imputados Bonafini, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Pero una tercera causa generó pedidos de informes. El juez federal Ariel Lijo tiene en su despacho una denuncia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario en contra de José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es que el organismo recibió hace más de un año documentación aportada por diputadas de la Coalición Cívica por presuntos manejos irregulares de fondos por parte de Schoklender, pero recién hace poco más de un mes elevó sus pesquisas a la Justicia.

Como lo hizo su par Martínez de Giorgi, el juez Lijo resolvió pedir toda la documentación relacionada con las contrataciones de obras de Sueños Compartidos. El Instituto de la Vivienda ya le remitió sus convenios y resta que Planificación cumpla con el mismo requisito. Lijo decidirá los pasos a seguir una vez que cuente con todos los convenios.