Botnia: la Argentina terminó exposición en La Haya pidiendo relocalización

La Argentina cerró hoy definitivamente su presentación contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pidiendo nuevamente la reubicación de la pastera de Botnia en un lugar donde ambos estados en conflicto puedan negociar. Durante la última vista oral de la Argentina en el proceso, el profesor de Derecho de la Universidad de París, Alain Pellet, dijo que trasladar la maquinaria de la planta a otro lugar del río «no es en absoluto una medida desproporcionada» y argumentó que cambiar la celulosa de lugar tampoco implica un «daño colosal» para Uruguay, entre otras cosas porque el «impacto social positivo» de la planta sobre la población de Fray Bentos -donde se ha construido la celulosa- es «limitado».

«No estamos diciendo que la planta de celulosa Botnia sea una monstruosidad, sino que es la papelera equivocada en el lugar equivocado», dijo el experto de la delegación argentina durante el cierre de las exposiciones a favor de la condena a Uruguay.

En particular, propuso que la celulosa sea situada «legítimamente» en otro lugar del río donde sus vertidos puedan ser adecuadamente disueltos.

Luego de la exposición del jurista, habló y cerró la presentación argentina la consejera jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, Susana Ruiz Cerutti. En las conclusiones, la jefa de la misión nacional dijo a los jueces que el caso llevado a la CIJ por la Argentina «no versa sobre el crecimiento económico sostenible de Uruguay», sobre «las actividades industriales de la Argentina en su propia ribera del río», ni tampoco sobre «ir en contra» de la industria privada en general y de las celulosas en particular.

Ruiz Cerutti insistió en que la denuncia de la Argentina se centra en «un Tratado y las infracciones (de Uruguay) del mismo».

Para la Argentina, Montevideo obvió la gestión común que estipula el Tratado del río Uruguay firmado en 1975, para prevenir la contaminación del río fronterizo entre ambos países.

Aseguró que el contencioso ante la CIJ no ha perjudicado las relaciones bilaterales entre la Argentina y Uruguay, que se mantienen fructíferas en terrenos como el comercio, el turismo o las energías renovables.

Buenos Aires elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el Tratado del río Uruguay al autorizar unilateralmente la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.

Dos plantas

En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, ésta decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.

Según la Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del Tratado en casos de actividades susceptibles de contaminar el medio protegido.

La delegación de Buenos Aires mantuvo durante las audiencias orales que Uruguay había incumplido el Tratado al no facilitar «informaciones completas» a la Argentina, no proponer localizaciones alternativas para ubicar la planta ni evaluar el impacto de la misma sobre «actividades ya existentes» en torno del río, en referencia al sector turístico activo en Fray Bentos.

La Argentina pidió a los jueces que confirmen la infracción del Tratado por parte de Uruguay y que se le compense por los daños causados por la planta de Botnia.

Uruguay expondrá sus últimos argumentos el jueves y viernes, y a continuación los jueces comenzarán a deliberar sobre el caso.

Al terminar la audiencia de ayer, Ruiz Cerutti, dijo que el informe científico presentado por la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya demostró que «ya hay daño producido» en el río Uruguay, a raíz de la actividad de la empresa pastera Botnia, instalada en la margen izquierda del curso de agua, a la altura de Fray Bentos. «El trabajo del equipo demuestra que ya se han producido cambios en el ecosistema. Ya hay daño producido y hay evidencia conseguida por los estudios realizados por científicos argentinos, de que el río, en ese lugar, no está en condiciones para que esa empresa funcionar», explicó la titular de la delegación que defiende la posición argentina respecto de la instalación de la pastera en el Uruguay, frente a Gualeguaychú.

La ex canciller de Raúl Alfonsín recordó que el artículo 27 del estatuto dice que toda utilización industrial del río que pueda llegar a producir un daño ambiental tiene que ser consultada a la otra parte. «No hay duda de que una pastera del tamaño de la que está funcionando, con un millón de toneladas por año de producción, es una empresa como para que se le aplique el artículo 27 del estatuto», interpretó la diplomática argentina.