Al menos veinte políticos sospechosos de nexos con la red de corrupción en Petrobras recibieron donaciones para sus campañas electorales del año pasado por parte de empresas acusadas de formar un cartel que cometía fraudes en las licitaciones de la compañía, aseguró el diario O Estado de Sao Paulo.
Se trata de candidatos a gobernador, senador y diputado federal, que en su inmensa mayoría pertenecen a partidos aliados de la presidenta, Dilma Rousseff.
Según el informe periodístico, de las dieciséis empresas contratistas de Petrobras acusadas por la Fiscalía de formar un cartel con el fin de repartirse las licitaciones e inflar los valores de los contratos, siete realizaron contribuciones directas a las campañas de políticos involucrados en el multimillonario escándalo que sacude al país y tiene al Gobierno contra las cuerdas.
Entre esos políticos, cinco pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT): los candidatos a senadores Gleisi Hoffmann, exjefa de Gabinete de Rousseff, y Lindbergh Farias, además de tres diputados. Todos conquistaron sus respectivos escaños en las urnas el año pasado.
El derechista Partido Progresista (PP), tercera mayor fuerza política del país y segundo mayor socio del Gobierno en el Congreso, lidera con doce de sus afiliados la nómina de legisladores investigados que supuestamente recibieron contribuciones por parte de las constructoras que integran el llamado "club de los mil millones".
El principal partido opositor al Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene un solo legislador financiado por el club: el senador Antonio Anastasia, exgobernador de Minas Gerais y mano derecha del presidente del partido y candidato derrotado a la presidencia en 2014, Aécio Neves.
Anastasia fue apoyado por cinco de las siete empresas acusadas de cartel, lo que lo pone a la cabeza de la lista como el parlamentario apoyado financieramente por el mayor número de contratistas.
En tanto, la información indica que tres de las siete constructoras citadas responden por dos tercios de las donaciones electorales realizadas a los políticos investigados: UTC Engenharia, Construtora Queiroz Galvão y Galvão Engenharia, en ese orden, seguidas por OAS y UTC.
Los veinte políticos financiados por estas empresas serán investigados junto a otros 27 parlamentarios, exgobernadores y exministros, después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (SYF) Teori Zavascki atendiera al pedido al respecto realizado por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot.
En la "lista maldita" de Janot se encuentra el expresidente Fernando Collor de Mello, aunque no está la mandataria. "El presidente, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus funciones", recordó el fiscal.
Éste encontró indicios de que todos ellos se beneficiaron con los fraudes perpetrados en Petrobras entre 2004 y 2012, período en el que, se estima, fueron desviados unos 3.700 millones de dólares, aunque otras estimaciones dan cuenta de números mucho mayores.
Mientras en las redes sociales continúa la convocatoria para el próximo domingo 15 de una manifestación en reclamo del juicio político contra Rousseff -algo para lo que por el momento no hay número en el Congreso-, el expresidente Fernando Henrique Cardoso rechazó la posibilidad de que su Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza de oposición, vaya a "buscar una aproximación" para "salvar" al Gobierno.
"El momento no es para buscar una aproximación con el Gobierno sino con el pueblo, y éste quiere, antes de cualquier cosa, que se pase en limpio el caso del escándalo de Petrobras", escribió el sábado a la noche Cardoso.
| Agencias DPA y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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