Brasil no avalará indagatorias a los acusados por Odebrecht

• LUEGO DE QUE EL JUEZ MARCELO MARTÍNEZ DE GIORGI CITARA A 10 EXEJECUTIVOS DE LA CONSTRUCTORAIntegran la lista de 49 acusados por soterramiento del Sarmiento. No declararán sin acuerdo para no ser acusados en el país. Solución política, única vía para destrabar. Alerta por fechas de prescripción.

Prescripción. Hace un año, Ámbito Financiero adelantó que la Sala II de Casación abortó el intento para que la “causa Sarmiento” cayera.

"¿Cuarenta y nueve personas participaron en la maniobra de sobornos? ¿No son demasiadas? Tal vez algunas sólo firmaron un papel que les llegó al escritorio". La voz del otro lado del teléfono se expresa con el inconfundible acento del portugués y conoce el interior de la causa Odebrecht, horas después de que en la Argentina se difundiera el llamado a indagatoria a 49 imputados -entre exfuncionarios, ejecutivos y empresarios como Ángelo Calcaterra- acusados por haber pagado coimas en la obra del soterramiento del Sarmiento. Existe una certeza: Brasil no permitirá que sea indagado ninguno de los exdirectivos de la constructora que firmaron acuerdos de delación en ese país. La clave es conocida como "non bis in idem". No ser juzgados por el mismo delito en dos jurisdicciones distintas, el mismo escollo por el que los tribunales locales no han podido acceder a ninguna prueba documental contenida en la megacausa "Lava Jato". El acuerdo entre las Procuraciones Generales de ambos países también se esfumó cuando la administración de Michel Temer se negó a la conformación de un equipo binacional de fiscales para tramitar juntos el flujo de evidencias. Hoy sólo un acuerdo político permitiría destrabar las declaraciones.

Por esto, la labor de los fiscales Franco Picardi y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, debió ser mucho más artesanal para hacerse de indicios que permitan los llamados a indagatoria. El cronograma establecido por el juez Marcelo Martínez De Giorgi es generoso y se extiende desde el 6 de junio hasta el 17 de octubre. Hay pocas chances de que una definición no inaugure el calendario de 2019. Lo abrirá Julio De Vido y lo cerrará el supuesto intermediario con el Ministerio de Planificación, Jorge "Corcho" Rodríguez. En el medio están intercalados los ejecutivos de Iecsa (la empresa de Calcaterra) la italiana Ghella, y Comsa. Por Odebrecht hay 10 convocados, incluido Marcelo Odebrecht, que cumple arresto domiciliario en San Pablo, sin posibilidades de salir de Brasil. La Justicia analiza la posibilidad de enviar exhortos vía Cancillería. Sin embargo, la cuestión está empantanada. Como anticipó Ámbito Financiero el 5 de enero pasado, hasta el propio Procurador Eduardo Casal reconoció por escrito que el marco regulatorio de rige aquí la persecución penal, a diferencia de Brasil, no admite la posibilidad de firmar acuerdos que eviten una acusación formal en el caso de un delito de acción pública como el de sobornos. Lo hizo para el caso de Marcio Faria Da Silva y Luiz Antonio Mameri, que informaron al Ministerio Público brasileño que estarían dispuestos a declarar ante los tribunales locales si se les ofrece "inmunidad" y se les garantiza que no serán acusados en el país. Este último integra la nómina de los sospechados de haber participado en un negociado por el Sarmiento. El jefe de los fiscales ratificó el criterio del fiscal Federico Delgado sobre la imposibilidad de garantizar un acuerdo similar.

Casal, quien también remitió al Ministerio de Justicia la recomendación de un cambio legislativo si se quería dar curso a este tipo de acuerdos. Ahora, Martínez De Giorgi también insistió al Gobierno sobre la necesidad de encontrar una vía para tomarles declaración como acusados.

Históricamente, Odebrecht ha insistido en que Argentina firme un acuerdo administrativo para aportar a la justicia todos los nombres de los exfuncionarios involucrados en el cobro de sobornos y la mecánica de los pagos. A cambio de no llevar adelante acusaciones por cuestiones que consideran que ya "han sido juzgadas en otros países". Eso dejaría desamparados a socios locales y a "agentes públicos". Los puntos fuertes de la investigación local es que es la primera que señala sobornos en la maniobra (el resto se calificó con delitos distintos) y encontró en un allanamiento un convenio entre la firma Caesa con Iecsa. La primera era una "pantalla" con la que el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime canalizaba supuestas tareas de consultoría ficticias para canalizar dinero de las firmas beneficiarias. La hipótesis central es que Odebrecht derivó coimas en la firma de Calcaterra para pagar a funcionarios. Existe una serie de correos electrónicos entre Mauricio Couri Ribeiro de Odebrecht- cuyo indicio fue paradójicamente aportado por la diputada oficialista Graciela Ocaña, donde se acuerda el pago de u$s 20 millones. El último de los mails detalla una reunión con Javier Sánchez Caballero mano derecha de Calcaterra- donde se referencia que él era un "contacto directo" para lo que denominaban "dgi", el código con el que regionalmente se referían a pagos indebidos.

Existe otro problema por el que también se corre contra el reloj: como informó Ámbito Financiero el 12 de abril de 2017, Couri Ribeiro intentó que la causa se considere prescripta por el paso del tiempo. Martínez De Giorgi se opuso, lo mismo que los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. La intención también fue desestimada por los camaristas de Casación Alejandro Slokar y Pedo David. La mayor parte de ese elenco cambiará con los últimos movimientos internos en Comodoro Py. Para Couri Ribeiro el delito de coimas prescribió en 2015, dado que debía contabilizarse desde 2009, cuando ocurrió el hecho denunciado. Los tribunales locales insistieron en que debía tomarse como válido el posible lavado de dinero con pena de hasta 10 años. Eso igual deja al 2019 como un año clave para adoptar decisiones y blindar la causa antes de que nuevamente se alegue que los delitos vinculados al Sarmiento no pueden ser juzgados por el paso del tiempo.