Aunque el Gobierno brasileño asegura tener todo bajo control, garantizar la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro, es la principal preocupación tras los atentados terroristas de París que acabaron con la vida de 130 personas. La contaminación de la Bahía de Guanabara, escenario de las competencias acuáticas, la conclusión del metro y del resto de las obras olímpicas pasaron a un segundo plano. Si bien cuenta con experiencias exitosas en organización de eventos multitudinarios, como el Mundial de fútbol 2014 y la visita del papa Francisco, en 2013, Brasil pondrá en las calles 85.000 oficiales, entre policías y soldados del ejército, para garantizar la seguridad durante uno de los mayores eventos en la historia de América Latina. En cuanto a lo económico, y a raíz de la crisis económica que atraviesa, el Gobierno de Dilma Rousseff recortó un 10 por ciento los gastos para evitar déficit en el presupuesto y evitar que se repitan protestas contra el despilfarro como ocurrió en 2014, durante el Mundial. Se redujo el número de impresiones de documentos, el número de voluntarios, el precio de su comida, uniformes y transporte, y los recursos destinados para la ceremonia de apertura, con el objetivo de no superar los 1.800 millones de dólares presupuestados.
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