Buscan bajar impuestos para la construcción de viviendas

La propuesta forma parte de las conversaciones que mantienen la Ciudad y la provincia con el sector. Y se sumaría a la rebaja que alientan en la alícuota de Ingresos Brutos para abaratar los créditos UVA.

En sus esfuerzos por garantizar el acceso a la casa propia de las clases medias y bajas, el Gobierno y las provincias analizan nuevas medidas para movilizar la demanda de créditos hipotecarios y, al mismo tiempo, aumentar la oferta en el mercado inmobiliario. Según pudo confirmar este diario, tanto el Gobierno nacional, como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que reúnen el 60% de las operaciones que se realizan en este sector de la economía, estudian la posibilidad de eximir del cobro de impuesto a los sellos a quienes construyan una vivienda mediana o chica mediante un préstamo hipotecario atado a la inflación (UVA). Junto a esto, y como ya trascendió, intentarán reducir la alícuota de Ingresos Brutos.

Sucede que, actualmente, los distritos tienen determinado un monto mínimo a partir del cual cobran el impuesto a los sellos para los casos de "préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente". Los valores quedaron desactualizados por el avance de la inflación y ampliaron, de esta manera, la base imponible sobre la cual se puede cobrar el gravamen. En los últimos años, el impuesto a los sellos representó el 8% de los ingresos tributarios provinciales. La alícuota para la Ciudad, por ejemplo, es de 3,6% a partir de un monto cercano a los $900.000. Ahora, la idea oficial es elevar estos montos mínimos para que empiecen a quedar exentas las viviendas cuyo valor se ubique en torno a los u$s100.000 (es decir, alrededor de 1,5 millón de pesos).

El plan de las dos principales administraciones del país es compensar el "esfuerzo fiscal", que deban realizar al resignar las alícuotas, con el aumento de las operaciones inmobiliarias que generará el "boom de créditos" y con la reactivación que provocará en la economía, con los efectos conocidos en el consumo y el empleo. En las últimas semanas, todas las provincias vieron con preocupación la caída en el consumo de tarjetas de crédito que generó la iniciativa de "precios transparentes". Buena parte de la recaudación de Ingresos Brutos (un 30%) está dado por el aporte que hacen los contribuyentes a través del sistema bancario. Y dentro de esto, la mitad tiene que ver con el uso de los plásticos.

En estos días, el Ministerio del Interior ya había dejado trascender que alentaría una baja de la tasa de Ingresos Brutos en las provincias para los créditos atados a la inflación. Y que incluiría este cambio en la nueva ley del mercado de capitales. La propuesta apunta a abaratar las tasas adicionales, de entre 5% y 10% anual, que cobran los bancos en los nuevos créditos UVA. Una modificación en la alícuota le permitiría a las entidades reducir los costos de estos créditos en 1,5 punto porcentual.

Con esto, la intención del Gobierno es tanto acelerar la dinámica del mercado de viviendas, para asegurar el acceso de las clases medias y bajas en un año electoral, como evitar que este repunte de la demanda se encuentre con una oferta de inmuebles tan baja que genere la formación de una burbuja inmobiliaria en el mediano o largo plazo.

"Desde las administraciones debe disponer resortes que eviten que se provoque un aumento de precios desmedidos en el mercado a partir de que no haya oferta. Esto se puede lograr si los municipios destraban la burocracia que impide muchas veces llegar al final de obra. Y además, puede haber un cuello de botella que tiene que ver la asimilación rápida del mercado frente a estos créditos hipotecarios: hay que ver quiénes están dispuestos a escriturar al 100% en blanco y tienen la posibilidad de presentar todos los papeles en regla, con el reglamento de copropiedad y el plano de subdivisión", advirtió José Rozados, de reporteinmobiliario.com.

En el Gobierno aclaran que la baja del impuesto a los sellos es por ahora un tema que está sobre la mesa y sujeto a las conversaciones que mantienen las provincias con el sector de la construcción. El anuncio definitivo, precisan, se conocerá durante el mes de abril.