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Caciques con doble paritaria: con Cristina y con sindicatos
• En dos meses deben volver a negociar con la Casa Rosada en plena discusión con estatales
Jorge Capitanich, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota y Ricardo Colombi
El método que Jorge Capitanich y Axel Kicillof estrenaron el viernes último para asistir a 17 provincias -en el esquema primigenio eran 16, luego creció a 18 pero la semana pasada el cordobés José Manuel de la Sota se bajó, disconforme, del convenio- es una tregua breve y expone a los gobernadores a un principio de año feroz en el que deberán enfrentar una doble paritaria: negociar con la Casa Rosada una nueva "bicicleta" de la deuda que mantienen con la Nación mientras estén en medio de la pulseada con los gremios estatales por las demandas salariales.
El modelo Coqui-Kicillof, que detonó quejas de provincias sin deuda como Santa Fe y San Luis (ver página 15) supone un recreo, casi ínfimo, de verano. De hecho, tras los estallidos policiales que forzaron a los gobernadores a otorgar aumentos de más del 30%, con picos de hasta un 60%, las demandas de los gremios estatales se aceleraron y antes de que termine 2013 ya hubo sindicatos que elevaron su reclamo. En enero, eso promete masificarse.
Ante ese escenario, hay tres elementos que irrumpen en la agenda de los gobernadores para los primeros meses de 2014. Veamos:
1. La proyección anual del "desendeudamiento" bajo el esquema que se activó en 2010 y otorgaba a los caciques un margen de acción para proyectar el período, quedó desactivado por lo cual, bajo el prisma de las "metas capitanichianas", deberán someterse a revisión cada tres meses. Entre los gobernadores, según los diálogos que cruzaron algunos mandatarios durante la firma del viernes, hay una lectura lineal: el plazo trimestral es una herramienta de la Casa Rosada para encorsetar las negociaciones salariales en las provincias que, a pesar de las subas otorgadas a policías -la Nación, con la firma de Cristina de Kirchner y Capitanich otorgó una suba a fuerzas de seguridad del orden del 45%- pretende que estén por abajo del 25%. Hace un mes, antes de los acuartelamientos que sorprendieron a los gobernadores y a la Casa Rosada, la previsión era poner un techo del 20%. Ese tope se flexibilizó al 25% aunque, suponen en algunas provincias, tendrá que estirarse quizá hasta un 28% o un 30%.
2. Hay, en simultáneo, una interpretación política. La renegociación trimestral le otorga a la Casa Rosada una herramienta para limitar los movimientos de los gobernadores. A los díscolos como Daniel Peralta (Santa Cruz) o Ricardo Colombi (Corrientes) o incluso De la Sota, puede castigarlos al no meterlos, con los argumentos que considere válidos, en una inevitable futura renegociación. Con los demás puede usarlo para evitar conductas silvestres. ¿Si a Daniel Scioli, en el 2012, Cristina de Kirchner ordenó que no le otorguen fondos extras para el aguinaldo por qué, entrada la carrera para la presidencial de 2015, no podría aplicar una acción similar al no prorratearle los intereses? Scioli deshojó la margarita de la deuda con la Nación todo diciembre. Capitanich tendrá, mandateado por la Presidente, un arma para mantener en línea a los mandatarios que quieran, como el bonaerense, aventurarse a acciones autónomas. La potencial disputa futura entre el chaqueño jefe de Gabinete y Scioli le aporta, inevitablemente, una cuota de morbo a esa situación que deberá revisarse cada tres meses.
3. Ante posibles castigos, Colombi -que desliza, subterráneamente, mensajes de acercamientos con Balcarce 50- usó el mismo recurso que el año pasado blandió Scioli: emitir cuasi moneda. La supervivencia provincial, atada al reparto nacional, tiene como último -y en algún caso suicida- recurso, la impresión de bonos como los que abundaron en 2001. En 2014, sin pausa, los gobernadores deberán encontrar el camino para evitar que las negociaciones salariales se desmadren porque los rojos provinciales no permiten que se repliquen en los demás acuerdos de sueldos los montos que les arrancaron los acuartelados. Para los jerarcas sindicales será un desafío administrar la demanda de sus representados que vieron cómo las policías, sin delegados ni autoridad sindical reconocida -incluso, mediante una acción en algún punto ilegal- consiguieron su propio salariazo. El ego sindical será otro elemento tortuoso con el que deberán lidiar los gobernadores.


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