Cae más petróleo y se acrecienta puja en la Argentina

Con el precio internacional del petróleo alrededor de u$s 40 por barril, se acentúa la confrontación entre las productoras locales de crudo y las refinerías que deben comprarles. El conflicto, que todavía se mantiene bajo cierta reserva, se relaciona también con el paro de las estaciones de servicio del último viernes y las nuevas medidas de fuerza que anuncian los expendedores en caso de no tener respuesta.
Las productoras fueron las primeras en contar con un plan de incentivos fiscales para mantener y aumentar la producción durante 2009. También pudieron sellar con el Gobierno y los sindicatos de la actividad un plan de estabilidad laboral, con suspensión de paritarias por un año, y se comprometieron a mantener las inversiones programadas para el próximo año.
Apremiado por mantener el nivel de actividad en ciudades y provincias que viven alrededor de la actividad petrolera, el Gobierno autorizó además desde el 1 de noviembre un aumento en el precio del gas en boca de pozo, que beneficia a las productoras que además de petróleo extraen gas. Sin embargo, esas empresas sostienen que además necesitan una suba del precio interno del petróleo desde una banda de u$s 42 a u$s 47 a otra de u$s 50 a u$s 55. Justifican esta posición en que «desde 2003 nunca fuimos beneficiarios del aumento que tuvo el petróleo a nivel internacional, e igualmente se sostuvieron inversiones para asegurar el autoabastecimiento y vender a las refinerías a precios distantes de los internacionales».
Las refinerías que no tienen petróleo propio en el país -Shell, Esso y parcialmente Petrobras- por ahora no aceptan el aumento, por el desfase con el valor internacional, porque, según afirman, terminarían pagando el triple de lo que el productor puede obtener exportando, y porque sospechan que se verán limitadas por el Gobierno y por la caída de la demanda para trasladar la suba del crudo a los valores de los combustibles al público.
Esas refinerías podrían importar a precio más bajo del local, aunque tienen que agregar la incidencia de los fletes, pero también es cierto que éstos se abaratarían si se compra a Brasil, que tiene excedentes.
Pero una alternativa de ese tipo es riesgosa, porque si se deciden a importar, pueden perder los contratos con las productoras locales y, como no es posible hacer previsiones ciertas, si el petróleo sube, por ejemplo, a u$s 80 en 2009, tendrán dificultades para rearmar los contratos con las petroleras locales. Mientras, es seguro que el Gobierno obligará a las refinerías a seguir conteniendo los precios al público.
Por el momento, algunas refinerías están optando por bajar la cantidad de producción y utilizar crudo «prestado» por otras petroleras, en momentos en que la demanda de combustibles continúa decayendo, por lo cual las consecuencias sobre el abastecimiento no son advertibles.
Por estas razones, las estaciones de servicio embanderadas con algunas petroleras (con la excepción de YPF) estarían recibiendo menos combustible, lo que disminuye sus ingresos con respecto a los gastos fijos de las estaciones.
A esto se suma que en el plan de racionalización de las petroleras se notaría cierta intención de no renovar contratos a estaciones con ubicación y mercado que no arrojan una rentabilidad aceptable, por lo cual se temen más cierres de bocas de expendio porque la posibilidad de operar como blancas (sin bandera) es inviable, como lo muestra el cierre de miles de surtidores de ese tipo en los últimos años. Parece una disyuntiva que necesitaría un punto de equilibrio: sostener la producción y la exploración para no perder el autoabastecimiento y mantener el nivel de empleo. Y al mismo tiempo asegurar rentabilidad razonable a las refinerías y expendedores, también para cuidar puestos de trabajo y asegurar un abastecimiento fluido. Por ahora, no se ve fácil.