Electoral. La Cámara Nacional Electoral exhortó a los juzgados a que resuelvan los planteos contra financiamiento de campañas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada ayer que puso los pelos de punta a todas las fuerzas políticas, a las puertas de la carrera por las legislativas de octubre. Y se trató de una mensaje también para los juzgados con competencia electoral de todo el país. Exigió formalmente la "urgente resolución" de las causas donde se objeta la piedra de toque de la mayoría de las agrupaciones: el financiamiento de las campañas 2015, que derivó en el triunfo de Cambiemos sobre el Frente para la Victoria en el balotaje.
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La Cámara Nacional Electoral -con las firmas de Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía- requirió a los juzgados federales con competencia electoral de todo el país la pronta resolución de las causas pendientes en materia de "control del origen y destino de los fondos" con los que se financiaron las últimas campañas proselitistas que disputaron la presidencia. Tras recordar un asentado criterio del Tribunal, que indica que la fiscalización de las cuentas de campaña debe "finalizar antes de que se inicie el siguiente proceso electoral", la resolución destacó que mediante una acordada de 2008 la Cámara ha establecido pautas de procedimiento para acentuar la celeridad en el trámite de esas causas judiciales.
Los camaristas advirtieron la vinculación que existe entre la obligación legal de rendir cuentas del financiamiento de las actividades partidarias, "con los deberes y pautas de comportamiento ético que corresponde al ejercicio de la función pública (ley 25.188) por los candidatos que resultan electos".
En tal sentido, se señaló que "los candidatos que los partidos postulan deberán desempeñarse con observancia y respeto de los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana y deberán proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados.
De allí explica la resolución- deriva también la exigencia de celeridad en la resolución de los trámites de control de balances e informes de campañas electorales. La mora en resolución de algunos casos que se extienden en el tiempo involucran a todas las fuerzas políticas y vienen de arrastre, algunas incluso, con planteos que se remontan a 2011. Esta urgencia podría implicar sanciones a quienes figuren como autoridades o apoderados y sean hasta sancionados con la imposibilidad de postularse para cargos electivos.
La manda de la Cámara se sumó a un antecedente que encendió las primeras alarmas sobre quienes serían plausibles de sanciones por el financiamiento irregular de campañas, tanto de partidos como de candidatos. Los jueces establecieron "la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos", siempre que continuaran ejerciendo esa función, y aún bajo un cargo electivo.
Si todos los juzgados electorales apuran definiciones sobre el anterior proceso electoral, los partidos podrían encontrarse con que cuando confeccionen sus listas para las PASO, haya candidatos impugnados por sanciones. En la última elección, además, hubo múltiples irregularidades detectadas en los aportes de campaña.
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