Cámara Electoral se aleja de escándalo por los telegramas

María Servini de Cubría

La Cámara Nacional Electoral recordó ayer la acordada número 93, emitida el pasado 11 de agosto, donde intentó poner fin a todas las confusiones que se generaron por entonces entre los candidatos y el propio público sobre la marcha del calendario electoral y hasta el escrutinio de la primaria del 14 de agosto.

Apuntando en algunos casos a sobreescribir algunas de las afirmaciones de la jueza María Romilda Servini de Cubría, esa acordada fue, al mismo tiempo, un mensaje directo a la población sobre la metodología que se debe seguir en la votación.

Así, tras explicar el rol de los partidos políticos en la democracia, recordó la obligatoriedad de las primarias para los ciudadanos y finalmente que sólo la Justicia Electoral es la encargada de entender en todo lo relacionado con actos electorales, garantizando la pureza del sufragio.

Y esa afirmación no fue sólo formal y de ahí que ayer la Cámara volviera a distribuir la acordada en medio de las denuncias por errores en los telegramas de notificación del cierre de cada urna, que fueron desestimadas por Servini de Cubría.

«A raíz de los reclamos difundidos en las últimas horas sobre los resultados consignados en algunos telegramas de mesa, la Cámara Nacional Electoral reitera que los datos que en éstos se consignan sólo tienen por objeto difundir resultados provisorios, sin valor legal para la proclamación», arranca el comunicado que distribuyó ayer la Cámara Electoral.

Explicación

«Los resultados que se difunden en la noche de las elecciones son elaborados por el Ministerio del Interior, con base en telegramas y tienen por objeto informar a la ciudadanía en forma rápida, pero no forman parte del escrutinio definitivo», explicó la Cámara para dejar en claro que sólo forma parte válida de ese escrutinio el acta que acompaña a cada urna computada por la Justicia y no la comunicación por telegrama del ministerio.

Hubo, además, una protesta contra el sistema: «La Cámara Nacional Electoral -integrada por los jueces Rodolfo E. Munné, Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via- advirtió en más de una oportunidad sobre la necesidad de integrar el escrutinio provisorio a las competencias de la Justicia Electoral. Sin embargo, actualmente la Justicia no tiene ninguna intervención ni control en su preparación ni difusión, que está exclusivamente a cargo del Ministerio del Interior».

«Precisamente por ello, pocos días antes de las elecciones primarias, ese Tribunal dictó una Acordada (93/11) resaltando la diferencia entre el denominado «escrutinio provisorio» y el «es-crutinio definitivo», dijo la Cámara para cerrar la disputa sobre las diferencias que se denunciaron en el escrutinio provisorio.

Al mismo tiempo, los diputados Federico Pinedo (PRO), Graciela Camaño (Peronismo Federal), Gustavo Ferrari (Unión Celeste y Blanco), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Patricia

Bullrich (Coalición Cívica) le pidieron audiencia para mañana al juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco para informarle sobre «irregularidades» en las elecciones primarias y pedir «control judicial» en el escrutinio de octubre.

También le pedirán a Blanco que fije algún tipo de sanción para los presidentes de las mesas donde hubo diferencias importantes entre el acta de la urna y el telegrama: «El mismo presidente de mesa que certificaba el acta de escrutinio con una cantidad determinada de votos, después enviaba un telegrama con datos distintos, con 0 votos para algún partido. Es un delito», adelanto ayer Pinedo.