La Cámara Federal confirmó ayer el rechazo al pedido de excarcelación del diputado Julio De Vido, en una resolución de la Sala I que llevó las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ). Así, el exministro de Planificación federal continuará detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra alojado en el marco de una causa por supuestas irregularidades en la importación del Gas Natural Licuado. La misma situación atraviesa quien fuera su segundo en el ministerio, Roberto Baratta, a quien también se le rechazó el pedido para quedar en libertad.
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Los magistrados entendieron que sobre De Vido pesan riesgos procesales que en libertad podrían sospechar que pueda entorpecer la causa o fugarse. Esta vez, y a contramano de la "doctrina" que apuntó a exfuncionarios que podrían mantener lazos de poder, ahora la otra sala de la Cámara Federal consideró otros agravantes a la hora de no otorgar el beneficio de continuar el proceso en libertad. Tras haber recibido el primer pedido de desafuero por la causa derivada de la firma de convenios relativos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el juez Claudio Bonadio los procesó a ambos con prisión preventiva.
"El imputado reviste una realidad procesal determinada por una multiplicidad de causas con expectativas de penas que, en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional", sostuvo el juez Bruglia en su voto y al que adhirió Ballestero.
Los jueces entendieron en su fallo que De Vido "poseería los medios económicos suficientes y contactos personales forjados a lo largo de su extensa función pública" para eventualmente eludir la justicia o fugarse. La defensa de De Vido anticipó que discutirá esa decisión ante la Cámara de Casación Penal. Y la enmarcó como un intento para mantener de manera artificial la decisión inicial de encarcelarlo bajo otros argumentos. "La multiplicidad de procesos en trámite no puede resultar en una privación de la libertad", adujeron los letrados defensores. Además calificaron de "ilegítima" su detención y recordaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su detención.
Pero en el plano político local, el excanciller Rafael Bielsa acudió en auxilio del exministro y cuestionó por un lado a la Justicia federal y por el otro a los detractores del extitular de Planificación. "No me gusta la muerte civil asestada tras la impunidad de la falta de riesgo; desprecio el abuso de las multitudes que conduce al linchamiento adicional a la condena judicial", sostuvo Bielsa.
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