Caos en Capital por peleas de políticos

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Cada tanto, Cristina de Kirchner se jacta de que las protestas sindicales y piqueteras son reflejo de la movilidad social. El argumento, a veces válido, es parcial: el caos en que se convirtió ayer la Capital por una ráfaga inagotable de cortes y marchas no responde a ese proceso, sino a enfrentamientos políticos.

Los tres actores que coparon «la calle» actuaron por demandas contaminadas: Facundo Moyano, hijo del jefe de la CGT, para «quitarle» afiliados a Armando Cavalieri; Barrios de Pie, para que el Gobierno los incluya en el reparto de planes; los estacioneros, en busca de un régimen de comercialización.

Salvo, en parte y de rebote, el reclamo de los trabajadores de estaciones de servicio -cuyo jefe responde a Luis Barrionuevo-, ninguna de las acciones se corresponde con la matriz de lo que la Presidente define como «movilidad social».

Lo de Moyano Jr. sigue una lógica que aplicó su padre: expandirse sobre otros gremios para incrementar su padrón de afiliados. Arguye que, perteneciendo al SUTPA, cobrarán mejores sueldos y que, por eso, es justo protestar para que los empleados puedan mudar de pertenencia sindical.

Durante nueve horas, los seguidores de Facundo Moyano levantaron barreras en los peajes de la Perito Moreno, la Panamericana y la Autopista La Plata-Buenos Aires. Intervino el ministerio que conduce Carlos Tomada para tratar de ordenar el proceso: Moyano, del clan preferido de los K, corre con ventajas (ver nota aparte).

Lo contrario ocurre con Barrios de Pie, el Movimiento Territorial de Liberación (versión no partidaria del PC de Patricio Echegaray, kirchnerizado) y el MTD Aníbal Verón, que pulsean para que el Gobierno incluya a sus adherentes en las cooperativas del plan Argentina Trabaja.

Sobre 70 mil desocupados incorporados a ese programa, Barrios de Pie -una de las cuatro organizaciones más poderosas del universo piquetero- recibió 500 cupos. Un dato lo explica todo: Barrios de Pie es el brazo piquetero de Libres del Sur, que luego de una temporada K se distanciaron del Gobierno.

Ahora, en un esquema compartido con Fernando Pino Solanas, se paran en una trinchera hipercrítica y, por eso, sus planillas -cuando los dejan inscribir- para ingresar al Argentina Trabaja siguen el largo camino del archivo.

Esa «movilidad social», si se aplica el paradigma cristinista, no aparece porque la demanda es por ser tratados como iguales frente a otras organizaciones de desocupados vinculadas a la Casa Rosada. Hay, claro, algo de ingenuidad en el planteo: anoche se abrió una instancia de negociación si Barrios de Pie promete no acampar en la 9 de Julio el 21 de mayo, en plenos fastos por el Bicentenario.

Sobre este grupo, anteayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lanzó la acusación de «extorsionadores» y hasta presentó una demanda en la Justicia que, aunque simbólica, supone una complicación para los piqueteros que moderaron su accionar.

Lo curioso es que el funcionario no extendió la imputación a los seguidores de Moyano. ¿Habrá sido porque en vez de paralizar el tránsito con piquetes, los afiliados de SUTPA lo descomprimieron al levantar las barreras? A simple vista, lo de Moyano Jr. parece doblemente extorsivo: contra las empresas que explotan los peajes y contra el Gobierno para que intervenga a su favor.

Así y todo, ayer en Gobierno ese tema era el que generaba mayor inquietud: los piqueteros, en definitiva, se movilizaban contra el Gobierno, pero los gremios -lo que recrudece la disputa Moyano-Cavalieri- se enfrentaban entre sí, y sus modos, en general, distan de ser cordiales.

Lo de los estacioneros, el gremio de Carlos Acuña, uno de los laderos de Barrionuevo y armador, además, de Eduardo Duhalde -fue quien le organizó el primer acto en el conurbano en el verano-, tiene un doble sentido: aparece motivado por un riesgo cierto, producto de la caída de estaciones de servicio no pertenecientes a petroleras, y por otro magnifica para hacer lo que suelen hacer los gremios: agitar.

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