Capaccioli: “Yo no era quien recaudaba”

Héctor Capaccioli

Comenzó ayer una ronda de indagatorias en la causa sobre medicamentos adulterados que arrancó con la declaración del ex funcionario K Héctor Capaccioli. El ex superintendente de Servicios de Salud, pieza clave en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Cristina de Kirchner a la presidencia, negó ayer haber sido el recaudador del Frente para la Victoria y rechazó una lista de acusaciones que le formuló el juez federal Norberto Oyarbide al declarar como imputado en la causa conocida como «mafia de los medicamentos». En lo formal, el magistrado debería resolver la situación procesal del ex funcionario en un plazo de diez días hábiles, pero se presume que lo hará una vez finalizada la ronda de indagatorias, que se extenderá hasta fines de noviembre.

Capaccioli fue indagado por el magistrado, quien lo acusó de la presunta comisión de delitos como partícipe de una asociación ilícita, encubrimiento de maniobras de lavado de dinero y defraudación a la administración pública. El ex funcionario se limitó a escuchar las acusaciones, realizó un descargo y se negó a contestar preguntas. Capaccioli, que declaró como profesión «operador de radio», inauguró una ronda de indagatorias que en los próximos días incluirá a otros ex funcionarios y empresarios del sector de droguerías, en una causa que entre otros mantiene encarcelados al jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y al titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. La citación al ex superintendente se originó a partir del cruce de llamadas telefónicas de Lorenzo, entre las cuales hubo varias con Capaccioli.

La declaración duró poco más de dos horas. El imputado se presentó con el abogado Horacio Ballesteros, quien cumplió funciones como gerente de Jurídicos de la Superintendencia. Durante la presentación ante el magistrado, pasó por los tribunales de Comodoro Py el empresario «arrepentido» Gabriel Brito (de la auditora Global Pharmacy), que entre mayo y septiembre estuvo encarcelado por la misma investigación y que a principios de cada mes debe reportarse ante Oyarbide. «Debería quedar detenido por las escuchas que lo involucran», sentenció Brito respecto de Capaccioli.

En concreto, el magistrado le comunicó a quien se le atribuye haber sido el tesorero de campaña las imputaciones por ser presunto miembro de una asociación ilícita «destinada a cometer una serie de delitos tendientes a defraudar al Estado nacional» a través del control «presumiblemente deficiente» de la Obra Social Bancaria (OSBA). Ese manejo permitió la provisión de medicamentos adulterados o con troqueles falsos a los afiliados a La Bancaria. También lo involucró en el otorgamiento de subsidios o reintegros irregulares a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo autárquico del Ministerio de Salud que reporta a la Superintendencia.

Otra acusación tuvo que ver con «facilitar la constitución» de un fideicomiso que el gremio Asociación Bancaria gestionó ante el Banco Provincia en beneficio de la droguería San Javier y la gerenciadora Nossal. En su descargo, Capaccioli negó haber integrado una asociación ilícita y dijo que no desempeñó cargos en la APE, el organismo encargado de distribuir subsidios y luego reintegros a las obras sociales.

Respecto de la acusación por presunto «lavado de activos de origen espurio», el ex funcionario sostuvo: «No he ejercido el rol de recaudador de campaña tal como falsamente se me atribuye. Sí he conocido, dadas las circunstancias, a muchos aportantes que querían participar» y sostuvo que integró una «junta promotora del Frente para la Victoria» en 2007.

La próxima indagatoria se tomará el 12 de octubre al ex titular de la APE, Juan Rinaldi.