16 de octubre 2009 - 00:00

Carrió: el Gobierno habla de derechos humanos y los viola

Elisa Carrió denunció ayer al Gobierno de organizar una «venganza fascista» contra la titular del Grupo Clarín. Lo hizo en una presentación en el Instituto Hannah Arendt.
Elisa Carrió denunció ayer al Gobierno de organizar una «venganza fascista» contra la titular del Grupo Clarín. Lo hizo en una presentación en el Instituto Hannah Arendt.
Elisa Carrió volvió ayer a escena para tomar posición definitiva en la pelea por la ley de medios: denunció que el proyecto de ley que envió Cristina de Kirchner al Congreso para permitir a la Justicia ordenar la obtención de muestras para pruebas de ADN es una «venganza fascista» contra la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

«Esta es una ley de persecución y me preocupa que en nombre de los derechos humanos se entre en la más feroz violación de los derechos de las víctimas. Por ser rico no se deja de ser víctima», dijo ayer Carrió sobre la causa en la que se investiga la identidad de los hijos de Herrera de Noble.

Para Carrió, «la ley de extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad es terrible. No protege los derechos de las víctimas, porque el principio de la integridad física y la autonomía personal está por encima», dijo Carrió en una conferencia de prensa en el instituto Hannah Arendt.

La jefa de la Coalición Cívica se refería al proyecto que el martes pasado tuvo dictamen de comisión: «Está dirigido a los hijos de Ernestina Herrera de Noble» y se trata de una «manipulación de los derechos humanos en función de una venganza personal», dijo.

La denuncia de Carrió fue más allá de lo que había llegado hasta ahora en sus críticas al Gobierno: «Quiero denunciar al matrimonio Kirchner por esto, que es muy grave. Es una venganza personal fascista. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos», dijo.

El proyecto cuestionado permite a la Justicia ordenar la obtención de muestras de ADN para realizar pruebas, aun cuando las víctimas o sospechosos se nieguen a aportarlas: «El juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación», dice el dictamen aprobado en Diputados y que está listo para bajar al recinto.

Cristina de Kirchner envió al Congreso cuatro proyectos de ley durante el homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cumplirse treinta años de su visita al país durante la dictadura, el 11 de setiembre pasado.

Uno de ellos es el que establece los métodos de «obtención de ácido desoxirribonucleico» en los casos judiciales que pretenden determinar la identidad de posibles familiares de desaparecidos. Y allí se ordena la extracción estableciendo que debe hacerse «del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y cualquier otra circunstancia en particular».

El problema, en realidad, no es ése sino la obligación compulsiva a que esos datos no se utilicen sólo en una causa particular sino que sean incorporados a un banco de datos en el que pueden ser contrastados con cualquier reclamo similar, tema sobre el que la Corte Suprema ya se expidió.

Carrió comenzó también ayer a preparar su desembarco en Diputados, donde presidirá el bloque de la Coalición Cívica desde el 10 de diciembre.

«Ni dialogar con el oficialismo, ni conspirar contra el oficialismo», dijo, pero ratificó que todas la leyes que el Gobierno está votando en estos meses en el Congreso podrán ser revisadas, una promesa que también hizo su socio radical Gerardo Morales. Así fijó su estrategia. «Se sabía que había seis meses en los que Kirchner iba a controlar el Congreso. Estos seis meses eran de resistencia, ahora hay que pensar una nueva agenda a partir de marzo».