Carrió quiere hasta 8 años de prisión para empresarios que suban precios

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Elisa Carrió, en su rol de policía antiinflacionaria del Gobierno de Mauricio Macri, quiere que los empresarios que tengan posiciones dominantes o monopólicas y aumenten los precios injustificadamente puedan ser denunciados penalmente, y, eventualmente, puedan terminar con prisión efectiva de hasta 8 años.

La diputada, a través del proyecto de ley que diseñó como aporte para controlar la inflación (y que presentó el martes en exclusiva este diario), profundiza los controles contra los super e hipermercados; responsabilizándolos en gran parte, por las alzas en los precios de los alimentos.

El proyecto que presentó ante el Congreso Nacional, crea una especie de policía comercial para fiscalizar los precios en las "grandes superficies comerciales alimenticias". Éstos estarán especialmente controlados con la creación de un plan semipermanente de control de los valores de los principales productos de venta llamado "Precio Mínimo Ofrecido". Este reemplazaría a los "Precios Cuidados" y cualquier otro plan que esté vigente.

De avanzar la ley, Mauricio Macri tendría instrumentos para aplicar controles directos sobre mercados como los alimentos con mayor poder que los que, por ejemplo, detentaba en su mejor momento Guillermo Moreno.

El texto ya está en poder del presidente de la Nación, que será quién tome la decisión final si quiere avanzar o no en la nueva y feroz norma para controlar la inflación, y que responsabiliza en gran parte a las grandes empresas que mantengan posiciones dominantes. Con este proyecto Carrió terminó de diseñar su rol, hablado con Macri, de convertirse en el arma final para avanzar sobre los privados, a los que muchos en el Gobierno, y no sólo Carrió, culpan de la aceleración de principio de año en los precios, al menos, de los productos de consumo masivo.

Los principales puntos de la ley, en los capítulos de profundización de los controles a los super e hipermercados, y a los castigos a los que no cumplan con toda la ley, son los siguientes.

•Se crea, dentro de la Secretaría de Comercio de la Nación, el programa "Grandes Superficies Comerciales Alimenticias". Estos serán los establecimientos que superen los 200 m2 de exposición y venta cubierta, en los núcleos urbanos de hasta 500.000 habitantes. En los que tengan más habitantes, se incluyen cuando superen los 300 m2 de exposición y venta cubierta.

•Propone además la creación del "Precio Mínimo Ofrecido (PMO) que tendrá por objeto aplicar un sistema de "monitoreo" de precios que los super e hipermercados deberán respetar. Si no lo hacen serán sancionados con multas en efectivo.

•Se crea el programa "Mercados de interés de competencia", que debería garantizar la existencia de suficiente cantidad de productos de determinados bienes como para que no haya posiciones dominantes. El Gobierno tendrá la facultad de elaborar el listado con los productos que deberán estar incluidos en el listado, y el objetivo es que pocas empresas de alimentos dominen "las góndolas de los establecimientos".

•El proyecto impone además castigos directos tanto sobre las personas propietarias de los establecimientos, como los directores, gerentes, administradores, síndicos o representantes legales que no cumplan la totalidad de la ley de "Defensa y Fomento de la Competencia". Esto incluye el intento de limitar la presencia de empresas en "posición dominante",.

•La ley indica que el delito de crear posiciones dominantes y de no respetar las líneas debe ser considerado "penal" y que incluye prisión de entre 2 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de condena.

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