PRIMERA INTERVENCIÓN DEL MÁXIMO TRIBUNAL PENAL EN LA INVESTIGACIÓN POR SOBORNOS DE EMPRESARIOS DE OBRA PÚBLICA A EXFUNCIONARIOS - Rechazó excarcelaciones del exsecretario de Baratta, de un integrante de Planificación y de un empresario ante “riesgo” de qu
sala i. La mayoría que intervendrá en el caso “cuadernos” la conforman los recién llegados a la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
La Cámara Federal de Casación Penal debutó en el marco de la causa "cuadernos" y fijó posición sobre convalidar lo actuado previamente en la causa que instruye Claudio Bonadio. La definición fue mediante un simple rechazo de un recurso de apelación, lo que fue leído como un mensaje para evitar inmiscuirse en lo que ya fue resuelto por la Cámara Federal respecto de las prisiones preventivas dictadas por el juez. En lo formal, el nuevo "team" de la Sala I del máximo tribunal penal se inclinó por no analizar las apelaciones del exsecretario privado de Roberto Baratta, Nelson Lazarte y consentir los eventuales riesgos procesales para que (algunos de) los imputados permanezcan en libertad. Lo mismo ocurrió con el exasesor del Ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón y el empresario Carlos Mundin. De esta manera, las cartas quedaron boca arriba también en Casación lo que proyecta un escenario de aval para Bonadio, que ayer logró quedarse con la investigación por lavado de dinero contra todo el entorno del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, con varios detenidos también.
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La Sala I del Tribunal (que definió quedarse con el expediente atado a su intervención previa en la causa GNL y tras un tironeo con la Sala II) declaró "inadmisible" un planteo de excarcelación hecho por la defensa del procesado dentro del marco de la asociación ilícita. "Examinada la resolución en crisis, y contrariamente a lo sostenido por la defensa, se advierte que la Cámara evaluó correctamente en relación con Nelson Javier Lazarte los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación", resolvieron los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, dado que la tercera integrante, Ana María Figueroa, votó en disidencia. La distribución de votos dentro de esa Sala también quedó fijada. "La Cámara valoró no sólo la gravedad del hecho objeto de investigación, sino también su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba", agregaron en el fallo los jueces Petrone y Barroetaveña, los últimos en asumir en Casación tras un demorado concurso que está en vísperas de completar el plantel con Javier Carbajo. Los camaristas remarcaron que aún hay un sinnúmero de diligencias urgentes "cuya eficacia podría verse afectada en caso de otorgarle la libertad a Lazarte". Idéntica fórmula aplicaron respecto de Mundin (de la firma BTU) y de García Ramón.
Además, los camaristas tuvieron en cuenta que en el caso se investiga "una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea". "Todos estos argumentos dados por la Cámara permiten tener a la decisión recurrida como un acto jurisdiccional válido", concluyeron los jueces al denegar la excarcelación y validar lo que había expresado la Sala I. Se trata de los primeros recursos que llegaron al alto tribunal penal, pero se especula que sigan idéntico camino. Las defensas se han quejado desde un comienzo acerca de la discrecionalidad en el dictado de las prisiones. Los empresarios o exfuncionarios arrepentidos obtuvieron su libertad más allá de los lazos residuales (o actuales) de poder o del eventual riesgo en la obstaculización de la investigación.
"Toma todo"
La "carambola" que desde hace dos días hizo la causa que involucra bienes y propiedades de Muñoz y su entorno recaló en el juez que parece tener la bolilla negra: luego de que la Cámara Federal apartara al juez Luis Rodríguez por negarse a detener a Carolina Pochetti (viuda del exsecretario presidencial) y a otras personas sospechadas de ser sus testaferros, el sorteo benefició al juez Daniel Rafecas; sin embargo, este juez consideró en sólo 24 horas que no debía hacerse cargo porque había relación de conexidad entre esa investigación y el caso de los "cuadernos". Conclusión, Bonadio se quedó también con esa pesquisa por lavado de dinero. Voraz, el juez ya había intervenido ante la negativa de Rodríguez y dispuso la prisión de Pochetti, quien negó conocer los negocios de su marido, en relación con la ruta de u$s70 millones en propiedades que se le está siguiendo con una estructura offshore para operar que hasta apareció en los Panama Papers. En la pelea que el fiscal Carlos Stornelli mantiene con Rodríguez (por la causa Río Turbio pero con un trasfondo mucho más rico), el boquense se anotó un triunfo.
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