Caso Ferreyra: acusados piden excarcelación

Dos acusados por el asesinato del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra pidieron ayer ser excarcelados, ante la Cámara de Casación Penal. Se trata de Cristian Favale y Gabriel Sánchez, ambos sindicados como autores de disparos el 20 de octubre último, durante una protesta de tercerizados del ferrocarril Roca que fue repelida por un grupo identificado con el sindicato Unión Ferroviaria. Como resultado de ese choque, Ferreyra terminó muerto de un disparo en Barracas.

La audiencia en Casación fue seguida por una manifestación del PO en las puertas de los tribunales federales de Retiro, que con cánticos y banderas rechazaron la posible excarcelación de los acusados. El tribunal se expedirá el martes próximo.

Las defensas de los dos sospechosos, que permanecen detenidos, alegaron que la eventual liberación de ambos no representará un riesgo para la investigación y dijeron que no intentarán fugarse.

Sergio DAmico, defensor de Favale, recordó que su representado se presentó en forma espontánea ante la Justicia cuatro días después del homicidio. Y si bien reconoció que Favale tiene antecedentes penales por una causa radicada en Quilmes, sostuvo que el expediente está finiquitado. Mientras que Gustavo DElía, letrado de Sánchez, expuso que su defendido no tiene antecedentes penales y le adjudicó una «conducta intachable». También sostuvo que Sánchez es un «preso político».

La Sala de feria de Casación, integrada por los jueces Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Raúl Madueño, fijó nueva audiencia para el martes a las 11.30 para dar a conocer su resolución ante los pedidos. Los defensores de Favale y Sánchez hicieron reserva de acudir a la Corte Suprema en caso de obtener una negativa como respuesta.

Además de Favale y Sánchez, permanecen detenidos y fueron procesados otros cinco sospechosos de formar parte de un mismo plan criminal: el delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca Pablo Díaz, y los trabajadores Salvador Pipito, Jorge González, Armando Uño y Juan Carlos Pérez.

Los procesamientos y prisiones preventivas estuvieron a cargo de la jueza de Instrucción Susana Wilma López, que llevó adelante la investigación junto con la entonces fiscal Cristina Caamaño, nombrada luego viceministra de Seguridad.