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Causa de los remedios enfrenta ahora a dos ex funcionarios
Graciela Ocaña
El magistrado investiga la posible existencia de una asociación ilícita orientada a la comercialización de remedios adulterados y troqueles falsos de medicamentos para el cobro de reintegros del Estado, a través de una red que incluía droguerías, la obra social bancaria (OSBA), entre otras organizaciones sindicales de salud, y funcionarios del área sanitaria. Por la causa están detenidos el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y el empresario de los medicamentos Néstor Lorenzo, entre otros.
La declaración de mañana de Rinaldi parece decisiva porque ocupó dos cargos vitales para el manejo de los fondos de las obras sociales: la Administración de Programas Especiales (APE), un órgano encargado del reintegro del valor de los tratamientos médicos más complejos, como sida, cáncer y hemofilia, y a continuación la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Presunto lavado
Rinaldi reemplazó en la SSS a Capaccioli, quien, además de esa labor, estuvo a cargo de parte de la estructura de financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner en 2007. De hecho, Oyarbide abrió una línea de investigación sobre presunto lavado de activos, a partir de los aportes de campaña realizados por droguerías y empresas de salud al Frente para la Victoria.
Rinaldi, que llegó a la APE de la mano del jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Capaccioli, entonces al frente de la SSS y con la bendición de Cristina de Kirchner, comenzaron mal su relación por la competencia en el manejo de los recursos.
Esa disputa quedó reactivada en los últimos días a partir de las posturas de ambos frente al expediente de Oyarbide. Rinaldi anticipó el jueves último parte de su exposición en la indagatoria a través de un escrito que entregó en el juzgado. En ese papel, Rinaldi se refirió a supuestas irregularidades en la APE al momento de su asunción, en enero de 2006, pero también en la SSS, entonces con Capaccioli al frente. Mientras que Capaccioli, que fue indagado a principios de octubre, pero evitó contestar preguntas del juez, analiza modificar su estrategia y apuntar a los presuntos manejos de Rinaldi en la APE y de la jefa política de ese funcionario, la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña.
Capaccioli ha dicho que la SSS no tenía funciones de contralor respecto de la APE, y que ambos organismos tenían como única autoridad a Ocaña.
Rinaldi, poco después de asumir con la bendición de Moyano, se convirtió en un funcionario leal a Ocaña y, por lo tanto, a Cristina de Kirchner, que dos años después se vio obligada a desplazarla por las quejas del camionero e incluso entonces lo sondeó para otros cargos públicos. La defensa central de este abogado laboralista es que durante su gestión en la APE resolvió no brindar más subsidios a las obras sociales y cambió el sistema por uno de reintegros, con requisitos puntuales para el reclamo de fondos.
También mañana será indagado en la misma causa el empresario farmacéutico Claudio Schwarz, uno de los dueños de la compañía Biodrugs. Y el jueves, además de Zin, prestará declaración el ex director general de administración del Ministerio de Salud nacional Patricio Levy.
La semana próxima también será agitada con la indagatoria, el martes, de Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, la empresa que proveía mayoritariamente de remedios de alto costo a la obra social de los camioneros, que preside Moyano. Esa droguería fue allanada el jueves pasado por Oyarbide, que ya había encabezado otro procedimiento similar seis meses antes. Si Zanola fue encarcelado en un período similar al de Lorenzo, su principal proveedor, Moyano, estará obligado a revisar con cuidado los pasos que dará Oyarbide con Hendler.


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