Cautela oficial ante avance en Georgias

A poco de cumplirse dos meses de la decisión del Reino Unido de establecer una zona de pesca exclusiva, más un área de protección marítima en el archipiélago de Georgias del Sur, el Gobierno no emitió ninguna protesta formal. La medida fue anunciada por Londres el 27 de febrero pasado. La nueva zona de exclusión de más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina se encuadró como Área Marítima Protegida (MPA, sus siglas en inglés) dentro de la Categoría IV descripta en la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza), organismo global no gubernamental de fomento del cuidado del medioambiente. La Argentina es miembro de UICN y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, además de otras ONG, forman parte del ente internacional.

En esencia, el documento británico fija una amplia superficie de océano subantártico en derredor de Georgias y Sandwich en la que no se puede realizar ninguna actividad de pesca, es la zona de protección más extensa del mundo y fija una porción marítima en la que sí se autoriza la captura de algunas especies de alto valor: el mero patagónico, también conocido como merluza negra.

Los derechos de pesca (licencias) los percibe el Gobierno de Georgias y las cuotas de captura están reguladas por la Convención de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCMLAR, acrónimo en inglés), organismo del sistema del Tratado del Antártico, del que la Argentina es miembro pleno.

Destino

El dinero que generan las licencias otorgadas a una decena de pesqueros que faenan en esas aguas subantárticas controladas por Gran Bretaña se destina a: sostener la burocracia isleña, investigación científica y, el meollo, financiar la presencia permanente de la Royal Navy.

La creación de esta zona de exclusión marítima no avivó las tensiones entre el Palacio San Martín y el Foreign Office como ocurrió al conocerse el despliegue del destructor de última generación HMS Dauntless, decisión británica que Héctor Timerman denunció ante la ONU tildándola de «militarización del Atlántico sur».

Las exploraciones petroleras de los kelpers fueron consideradas actos unilaterales y han sido reiteradamente rechazadas por el Gobierno con protestas formales ante el Reino Unido y con presiones administrativas y jurídicas a las empresas británicas que participan de esas tareas.

La argumentación oficial es que se pretende disponer de recursos argentinos en violación de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas que exhortan a no modificar el statu quo de la disputa. La cuestión Georgias tiene el mismo cariz si uno la mira con el prisma que aplicó el Gobierno sobre la actividad petrolera británica en Malvinas: involucra el apoderamiento de recursos pesqueros. El escenario tiene otro costado más preocupante, advertido por el director general de Asuntos Antárticos de la Cancillería, embajador Ricardo Mansi, y por el director nacional del Antártico, Mariano Mémolli: el área de pretendida conservación en torno a ese grupo insular es puerta de entrada y proyección inmediata a la península antártica.

En 1985, cuando Londres dividió Malvinas del archipiélago de Georgias y Sandwich del Sur, otorgó el mismo estatus a los dos grupos de islas como territorios de ultramar con Gobierno propio, ambas administraciones las gestiona el gobernador británico designado por el Foreign Office para Malvinas, en la actualidad Nigel Haywood. Grytviken es el puerto, asiento de las oficinas públicas de Gobierno y de los científicos del British Antartic Survey (BAS) que permanecen todo el año en Georgias; lo visita con frecuencia el navío de la marina británica asignado al escudo militar de las islas, también recorre esas aguas un patrullero marítimo artillado, el HMS Clyde, con dedicación exclusiva a la captura de pesqueros infractores y, en verano, se suma el rompehielos inglés HMS Protector, que abastece y releva al plantel de científicos.