Cayó viceministro de Scioli señalado por el juez en caso remedios

Norberto Oyarbide

El juez Norberto Oyarbide reveló ayer que el empresario Néstor Lorenzo, arrestado el viernes pasado por su supuesta responsabilidad en la adulteración y venta de medicamentos a la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA), habría tenido numerosos contactos con el subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa. Éste fue relevado de su cargo a los pocos minutos de las declaraciones del magistrado.

La trama que investiga Oyarbide respecto de la llamada «mafia de los medicamentos» se torna cada día más densa y politizada: la causa que indaga sobre la supuesta venta de medicamentos adulterados para combatir el cáncer y el HIV -que además debían ser de distribución gratuita- en un presunto negocio entre droguerías como San Javier y la OSBA, ahora no sólo involucraría a empresarios farmacéuticos, contribuyentes de la campaña de Cristina de Kirchner y que estarían vinculados al crimen de General Rodríguez (y al tráfico de efedrina), y a sindicalistas kirchneristas, sino también a funcionarios del Gobierno bonaerense.

Frente a este panorama, la calificación de Oyarbide sobre la causa es casi redundante: ayer aseguró que el caso «es de extrema gravedad», luego de disparar un tiro certero al -ahora- ex funcionario de Salud de la provincia. «En las escuchas telefónicas hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud bonaerense de apellido Costa con Lorenzo», sostuvo el juez ayer, al ser abordado por medios de prensa en la puerta de su domicilio.

Lorenzo, quien ayer fue excarcelado, es el principal sospechoso en el caso a cargo del juez. Titular de las droguerías San Javier, Multipharma, Elaboradora de Productos Biológicos y el Centro Oncológico de Excelencia, de Gonnet, un allanamiento a su domicilio y a las farmacias en diciembre pasado reveló también que tenía en su poder fotocopias de cheques aportados a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. Entre ellos encontraron los firmados por Sebastián Forza (asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, supuestamente vinculado al tráfico de efedrina) y los del socio de Lorenzo, Carlos Torres, quien habría donado a la Presidente cerca de $ 1 millón. A este sombrío entramado se sumaron ayer los llamados entre el empresario y el ex funcionario bonaerense.

En este sentido, Oyarbide resaltó ayer que «la prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de conexiones de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV».

También precisó que en la OSBA se entregaban medicamentos robados de distribución gratuita «que no surtían efecto en el paciente, vendidos por la droguería San Javier», y que eran «entregados por Baires Med, que estaba vinculado a (Sebastián) Forza», cerrando el círculo de relaciones entre la obra social del sindicato y droguerías investigadas por sus supuestos aportes electorales y conexiones con el tráfico de efedrina.

De reacción casi inmediata, el gobernador Daniel Scioli relevó de su cargo a Costa, horas después de que se conocieran los dichos del juez. Los frustrados intentos del ministro para justificar la salida del subsecretario «por razones personales» fueron inútiles para evitar que el alud de derivaciones de la investigación de Oyarbide no implicara a la cartera. «Hablé con Costa y me dijo que sí había tenido conversaciones con Lorenzo, pero que fueron de índole completamente personal y que no tienen que ver con su función. De todos modos, no podemos tolerar que un funcionario esté involucrado en llamadas, privadas o no, con una persona investigada por este delito», admitió finalmente Claudio Zin, ministro de Salud bonaerense, y se encargó de subrayar que su ministerio «no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier».

El secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, rechazó ayer las impurtaciones y calificó de «un elevado sentido electoral las denuncias en su contra». «La situación se relaciona, indudablemente, con el 23 de setiembre, fecha de las elecciones nacionales del sindicato», agregó.

Por su parte, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña aclaró ayer que Lorenzo «no figura como aportante a la campaña presidencial. Habría que explicar por qué en el allanamiento que hizo Oyarbide aparecen recibos» e insistió en la supuesta relación entre las farmacéuticas y el sindicalismo, que ha denunciado repetidas veces en el pasado.