Cedió el Gobierno en puja política con la Corte

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, se reunió ayer con los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco para acordar sobre el nombramiento de nuevos cargos en la Justicia. Así dieron por terminado el cruce entre el tribunal y el Ejecutivo.

El Gobierno se comprometió ayer a autorizar la designación de 750 cargos en el Poder Judicial, con el objetivo de acelerar causas judiciales en todo el país, lo que demandará $ 36 millones anuales. La iniciativa, que fue pactada ayer en una reunión entre el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, y Juan Carlos Maqueda, deberá, además, ser aprobada por ley en el Congreso.
Fue un encuentro breve, tranquilo y cordial. Massa atravesó los imponentes pasillos del Palacio de Justicia con aires de autocrítica y, sobre todo, muchas ganas de cerrar el conflicto generado la última semana, a partir del discurso de apertura del Congreso de Cristina de Kirchner, en el que había afirmado que «era la hora de la Justicia» respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el último Gobierno militar, eso provocó una dura respuesta de la ministra Carmen Argibay. De ahí, se desató una polémica que incluyó problemas de Presupuesto y asignación de partidas para la Justicia, acusaciones del Gobierno a la «corporación judicial» por las demoras, la inseguridad y hasta los dichos (y desdichos) de Susana Giménez sobre la pena de muerte.
El jefe de Gabinete fue a tratar de parar ese huracán de cruces, antes de que creciera aún más en importancia. ¿El punto? Responder al pedido presupuestario de la Corte y correr de la mesa de discusión el tema inseguridad. «Si nosotros nunca hablamos de inseguridad», respondió Lorenzetti, cuando Massa señaló la importancia de presentar esa reunión frente a los medios como un acercamiento y evitar que la gente identificara el debate Corte-Gobierno con la inseguridad. «Tenemos que salir de aquí cerrando el conflicto», rogó Massa ante la mirada judicial de sus anfitriones. El jefe de Gabinete no discutió; la primera que unió esos dos temas en la agenda política fue Cristina de Kirchner, el viernes pasado, al pedir al máximo tribunal que no sacara «rédito político» de las demoras en la Justicia.
Los entredichos, sin embargo, fueron dejados rápidamente en el olvido, en una reunión que se concentró exclusivamente en los números y evitó ahondar en otros temas. Después de todo, ambos consiguieron lo que buscaban: el Gobierno cerró un frente de batalla (ya tiene demasiados abiertos, con los ruralistas indomables y la sangría del justicialismo), y la Corte consiguió la reclamada reasignación de partidas, hasta ese momento congeladas. Si bien en un principio desde el tribunal se había anunciado el pedido de 900 empleados y $ 500 millones, finalmente fueron 750 y $ 39 millones, reto mediante a los medios que habían publicado esas cifras ayer.
Después de las idas y venidas del jefe de Gabinete para responder a la invitación, que el cuerpo le había hecho el martes pasado (después de definirla en la reunión de acuerdo), Massa se encontró con que, después de todo no iba a ser un tête à tête con Lorenzetti, como se había dicho en un primer momento, sino que también estaban Highton de Nolasco y Maqueda, el ministro más político del cuerpo y especialista en estas reuniones debido a su pasado como congresista y ministro, así como el administrador general de la Corte, Daniel Marchi. El resto de los ministros no asistió porque estaba de viaje, según aseguraron en la Corte. El jefe de Gabinete también llevó a los suyos para que le cuidaran las espaldas; lo acompañaron su jefe de asesores, Mariano Miura Astrada, y la asesora Florencia Jaldos, a cargo de monitorear las cifras mencionadas por Massa, cuando señalaba cómo había aumentado el Presupuesto y los cargos en la Justicia en los últimos años.
El cierre de la reunión marcó sólo el final del primer acto, de una obra que designó como plato fuerte la conferencia de prensa. Finalmente, el Gobierno y la Corte decidieron hacer un evento de lo que luego se esforzaron por presentar como una «simple reunión administrativa» y convocaron a la prensa de manera «urgente» ayer al mediodía para las 17.30. En un cuarto atestado de cámaras y movileros anunciaron la medida, que será dictaminada por el jefe de Gabinete a través de una decisión administrativa, se mostraron preocupados por las demoras en la Justicia y recalcaron que no había un problema presupuestario en el Poder Judicial, dando el conflicto por terminado.