Desconfianza y hostilidad sindical ante el llamado al diálogo. La llamada a un "gran acuerdo nacional" del Gobierno llegó a los gremios tradicionales de manera confusa y generó más desconfianza que expectativa. En la CGT, a excepción de los sectores con manifiesta vocación oficialista, la mayor parte de la dirigencia avisó que no aceptará una instancia planteada sólo para recortar derechos laborales, como se presume que le exigirá el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Mauricio Macri, e incluso algunos sindicalistas advirtieron que en las próximas semanas podrá haber medidas de fuerza.
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La convocatoria dialoguista, deslizada desde el martes desde el Ejecutivo, será confirmada en cuentagotas a los gremialistas por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En primera instancia el funcionario se comunicó con Oscar Mangone, líder de los empleados de las empresas de gas, para avisarle que en esta ocasión el Gobierno tiene resuelto implementar una mesa con la CGT y el empresariado para la adopción de medidas de consenso. La aclaración vino a cuento de que en numerosas ocasiones en los últimos años hubo intentos declamados similares pero en ningún caso dieron resultado.
El llamado no se hizo hasta ahora mucho más extensivo, a pesar de que desde varios sectores declamaron haber sido llamados por Triaca. El ministro, sin embargo, tiene instrucciones para iniciar la ronda de contactos recién la semana que viene junto a Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y habitual contertulio en las reuniones con gremialistas. El problema, entonces, será convencer a un sindicalismo tradicional atomizado de la necesidad de acudir al llamado de Macri.
Entre los "gordos" de los grandes gremios de servicios, con presencia hegemónica en la CGT e historial dialoguista, la convocatoria fue mal recibida. Alegaron que el mandatario priorizó a los empresarios para convocarlos a la Casa Rosada y avanzó en una negociación con el FMI sin anoticiarlos. Tampoco lo había hecho, recordaron, cuando mandó a principios de año tres proyectos de ley de reforma laboral sin consenso.
Hugo Moyano y sus aliados de las dos CTA y de la Corriente Federal de Trabajadores, en tanto, permanecen enfrascados en una posible escalada de actos, manifestaciones de protesta y eventuales medidas de fuerza. Además del acto multisectorial del 25 de mayo tienen en planes impulsar una eventual huelga el mes que viene.
Otro espacio ofuscado con el Ejecutivo es la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). El sello reunió este martes su mesa chica, que integran los colectiveros Roberto Fernández y Mario Caligari (UTA); el ferroviario Omar Maturano (La Fraternidad), el camionero Omar Pérez (delegado de Moyano), el portuario y secretario general Juan Carlos Schmid y el aeronavegante Juan Pablo Brey. Durante siete horas los dirigentes discutieron el rumbo económico y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una medida de fuerza sectorial que será resuelta la semana que viene.
La consideración general en los sectores internos de la CGT es que el FMI, incluso antes de enunciar sus demandas a la Argentina, condicionará una línea de crédito a la flexibilización de la legislación laboral incluso por encima de lo pautado por el Ejecutivo en sus proyectos de ley, y que una mesa de consenso tendrá como único propósito empujarlos a validar ese escenario.
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