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Código: apuran voto en medio de una guerra en los recintos
José Cano
En medio de las acusaciones y las polémicas de parte de la oposición con Ricardo Lorenzetti, redactor del proyecto original junto con Aída Kemelmajer de Carlucci, y las modificaciones inconsultas que el kirchnerismo negoció con la Iglesia y los propios integrantes de la Corte, el ambiente para el proyecto cambió en el Congreso.
Ayer el radical José Cano fue el primero en protestar: "No aceptamos tratar la reforma al Código Civil con esta urgencia y como acostumbra el Gobierno, entre gallos y medianoche". El tucumano dice no entender por qué el oficialismo "frizó el tema hace un año" sin explicar los motivos ni la razón para aprobarlo de manera urgente cuando hay demasiados artículos sobre los que no aún no hay acuerdo.
"El código que se aprobará seguramente estará vigente las próximas cuatro o cinco décadas y es por ello que su tratamiento y aprobación no puede darse por la imposición de una mayoría circunstancial. Debe necesariamente haber consenso", dijo ayer Cano al fijar la posición del radicalismo.
Esas diferencias entre el proyecto original que salió de la comisión especial de juristas, el que Cristina de Kirchner envió al Congreso, y el que finalmente despachará la bicameral aún no llegaron, aunque sea en forma de borrador, a casi ningún diputado o senador. Salen de las negociaciones que el Gobierno hizo con la Iglesia, tras la asunción de Jorge Bergoglio como Francisco, y de los ajustes en la redacción que se fueron negociando con Lorenzetti, quien se considera el padre del nuevo Código Civil.
Así, en materia de familia, una de las reformas que, se afirma, ya desapareció es la inclusión de cualquier variante de reproducción asistida y la reglamentación del alquiler de vientre por primera vez en el país.
Hasta ahora, el proyecto de Código Civil y Comercial regula "los efectos de la implantación de embriones", pero no habla de los que no son implantados.
Sobre los nuevos divorcios, el texto de la reforma establece que bastará con la voluntad de uno solo de los cónyuges para iniciar los trámites, sin necesidad de que exista mutuo acuerdo.
Además, se establece que las parejas podrán firmar antes de casarse un contrato prenupcial, que permitirá establecer antes de contraer matrimonio una división de bienes determinada en caso de divorcio.
Pero más allá de la popularidad que tomaron esas modificaciones en el derecho de familia que llegarán algunas y llegaban otras de la mano de la reforma, hay puntos igualmente conflictivos sobre los que aún el Congreso no tiene noticia. Por ejemplo, la modificación que se hace al limitar la responsabilidad civil del Estado y de sus funcionarios exclusivamente al derecho administrativo, sin abrir la posibilidad de reparaciones que da el derecho civil ante posibles arbitrariedades del Gobierno. El tema ya fue denunciado por Elisa Carrió al considerar que la reforma: "Claramente es inconstitucional porque viola el principio de la Cámara de origen y Cámara revisora. Este Código aniquila la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos frente a los derechos individuales, y avanza en forma espuria sobre el derecho de propiedad".


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