Nuevo Código penal a ritmo de campaña

Si bien comenzará a debatirse en comisiones a partir de abril, el nuevo proyecto de Código Penal que envió el Gobierno al Senado contempla temas que el oficialismo espera no discutir durante la campaña electoral por polémicos, como es el caso de la despenalización del aborto y endurecimiento de penas en casos de corrupción.

La propuesta, que modifica el actual Código y sistematiza unas 900 leyes especiales también endurece penas para casos de narcotráfico, motochorros, piqueteros y agresiones a fuerzas de seguridad.

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo no prevé eliminar la penalización sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.

De esa manera, el texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad, mientras mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque un juez podrá eximirla de la pena.

Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo. Como e había anticipado se incluye a funcionarios y también a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.

La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y delitos de violencia de género.

Entre otros puntos, de aprobarse la iniciativa se prevé incluir figuras como “asociaciones ilícitas terroristas”, “reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas”. Además quedaría incorporada la “extinción de dominio” y se tipificarán varios delitos contra barras bravas.

El presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, destacó el “avance” que implica en un año electoral el envío de la iniciativa para su debate en el Congreso de la Nación, ya que “sistematiza la historia de los últimos 100 años de historia de la Justicia”.