Coimas en Defensa: examinan pruebas que guardó Gendarmería

Ariel Lijo

La documentación secuestrada en los allanamientos a la empresa Ferrostaal y en los domicilios de varios directivos de esa empresa y de integrantes de la Marina llegará hoy al juzgado federal de Ariel Lijo, quien deberá definir los próximos pasos para avanzar en la pesquisa.

El magistrado investiga el supuesto pago de sobornos a integrantes de la Marina y funcionarios del Ministerio de Defensa por parte de la empresa naviera alemana, en la compra de patrulleros oceánicos.

En la mira está también el jefe de la Armada, Jorge Godoy, sobre quien el juez pidió un informe sobre todos sus viajes a Chile vinculados con este tema. Esta línea de la pesquisa está basada en la información aportada por el propio Ministerio de Defensa, que informó que Godoy había encabezado las negociaciones con la empresa ASMAR -empresa a través de la que Ferrostaal intervino en la licitación- para desarrollar los patrulleros oceánicos multipropósito (POM).

Acompañantes

Lijo solicitó además que se informara quiénes habían acompañado al jefe de la Armada en estos viajes, así como los pagos efectuados y las cuentas bancarias utilizadas.

La causa por el supuesto pago de coimas surgió a raíz de la publicación de una nota en la revista alemana Der Spiegel, que reveló una investigación de la Fiscalía de Munich sobre la naviera de ese país. Dentro de la pesquisa sobre Ferrostaal estaría incluida la Argentina por supuestas irregularidades en la firma del contrato por los POM.

Si bien el Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré, se puso al frente de las acusaciones y se presentó como querellante, los investigadores del caso no descartan profundizar la pesquisa sobre esta cartera.

La causa tomó fuerza hace dos semanas, cuando el juez ordenó el allanamiento a la filial argentina de Ferrostaal, como reveló este diario. Allí, la Gendarmería secuestró computadoras y documentación que hoy llegará al juzgado de Lijo.

A este material se sumarán las pruebas obtenidas en otros operativos dispuestos por el magistrado. Se allanaron también los domicilios de marinos retirados, abogados y empresarios supuestamente vinculados con el caso.

Informes

Entre los domicilios allanados se encuentran el del vicealmirante Gustavo Lepron, el contraalmirante Alejandro Uberti, el abogado de la Armada, Osvaldo Parrinella, y los directivos de la filial argentina de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia. Se secuestró también documentación en el estudio del abogado Helmut Cristian Graf y la empresa constructora Hedir, que estaría relacionada con Uberti.

Más allá de analizar las pruebas obtenidas y disponer nuevas medidas, el juez espera una serie de informes solicitados al Ministerio de Defensa y a la Armada, así como el envío desde la Fiscalía de Munich del testimonio que se habría referido al caso argentino.

Esta declaración correspondería a un ex empleado de Ferrostaal, quien habría detallado ante la Justicia alemana el supuesto pago de coimas a integrantes del Gobierno argentino de entre un 6% y un 6,5% del total del pago por esta licitación. Es decir, unos 3,5 millones de euros.

Estos números no cierran con los que informó el Ministerio de Defensa, que había detallado el desembolso de 2,7 millones de euros por la compra de la tecnología necesaria para construir los POM.