Coincidencias clave en el tribunal para un final previsible

El epílogo del juicio por los presuntos sobornos comenzó a escribirse a los pocos días de comenzados los alegatos de cierre. Fue cuando los jueces del Tribunal Oral Federal Número 3 Guillermo Gordo, Fernando Ramírez y Miguel Pons comenzaron a intercambiar puntos de vista de cara al final.

No hubo grandes desencuentros entre los magistrados. Sus notas ofrecían más coincidencias que discrepancias a pesar de que se dio un cambio de elenco en el tribunal a mitad del juicio, cuando Gerardo Larrambebere se retiró por cuestiones de salud. El arrepentido Pontaquarto, con sus sucesivos cambios en la declaración, logró alinearlos en el hecho de que lo consideraran un embaucador.

Sin embargo, uno de los puntos determinante para los jueces fue el hecho de que en ningún momento se logró probar que desde la SIDE se hayan retirado los fondos que el arrepentido denunciaba. Las audiencias a puertas cerradas que se celebraron en el tribunal en las cuales declararon agentes y encargados de la contabilidad del organismo de inteligencia -las cuentas de la SIDE son secreto de Estado- contribuyeron en ese sentido. El respaldo que alguna vez insinuó esperar el arrepentido nunca llegó por parte de los hombres de la calle 25 de Mayo.

Documento preliminar

Este tribunal fue el que inauguró el estilo de entregar un documento preliminar. La primera vez fue en el juicio por la causa de la AMIA cuyo veredicto también devino en una serie de absoluciones. Los jueces entendieron que los 40 días hábiles que contempla el reglamento para fundar el veredicto eran demasiados para asuntos tan sensibles a nivel social. Esta práctica sólo la replicaron los jueces que juzgaron a José Pedraza por el crimen del activista Mariano Ferreyra. La efectividad no fue la misma, ya que en esa ocasión dicho documento se leyó en forma oral.

Para los jueces no fue dificil ver en Pontaquarto una especie de réplica de la figura de Carlos Telleldín, a quien conocieron bien en el juicio por la causa AMIA. En los últimos días recordaron que en esa ocasión el relato de Telleldín, plagado de grietas, llevó a prisión a un grupo de policías por el lapso de seis años.

La actuación del juez Daniel Rafecas y la del abogado Hugo Wortman Jofré fueron las que despertaron más dudas en los despachos del tribunal. Una vez que se redacten los fundamentos estos debates pasarán a la Magistratura y al Colegio de Abogados.

Los jueces siempre tuvieron presente esa disposición de Rafecas durante la instrucción de interrogar a testigos sin la presencia de sus abogados y de procesar a aquellos que defenestraban la versión de Pontaquarto. Una sucesión de irregularidades sazonadas con las citas literarias y los conceptos filosóficos del fiscal Federico Delgado, siempre entusiasmado con las actividades académicas.

En cuanto al abogado Wortman Jofré, las inquietudes de los magistrados tuvieron su origen en los hechos: era el abogado de una revista que le pagó a Pontaquarto para que se autoincriminara y luego fue su abogado durante el juicio. Fue parte de la trama política en la que actuaron el radical Daniel Bravo y el exjefe de Gabinete Alberto Fernández. Arreglos y conexiones subterráneas que rozan a Aníbal Ibarra, quien en su primera declaración por escrito entregó 10 líneas en las cuales no sabía nada y en la segunda ocasión habló durante horas.