El sistema previsional y su desequilibrio: hay solo dos aportantes formales por jubilado

La caída del empleo formal y el avance del monotributo deterioran el financiamiento del sistema, que depende cada vez más de transferencias estatales y pierde poder adquisitivo.

El sistema previsional registra apenas dos empleados formales por cada jubilado.

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El sistema previsional argentino enfrenta un desequilibrio estructural al registrar apenas dos empleados formales por cada jubilado, una proporción por debajo del mínimo necesario para sostenerlo, en un contexto marcado por la precarización laboral y la creciente dependencia del financiamiento estatal.

Actualmente, la relación entre activos y pasivos se ubica en un nivel crítico, ya que el sistema requiere al menos tres aportantes por jubilado para alcanzar el equilibrio financiero. Esta situación refleja el impacto de un mercado laboral cada vez más fragmentado.

La precarización del empleo explica gran parte del fenómeno, con un desplazamiento masivo hacia el monotributo. Según un informe de la consultora Focus Market, mientras en 2005 el 82% de los trabajadores aportaba bajo el régimen general, esa cifra cayó al 69% en 2025, evidenciando el avance de modalidades laborales menos contributivas.

La diferencia en la capacidad de financiamiento entre categorías resulta clave: se necesitan 2,3 asalariados en blanco para sostener una jubilación mínima, mientras que hacen falta 24 monotributistas para cubrir ese mismo beneficio, lo que expone la debilidad del esquema actual.

En términos estructurales, el sistema registra una pérdida de tres millones de empleos formales en las últimas dos décadas. Los cinco millones de trabajadores bajo regímenes simplificados no logran compensar la caída en la recaudación del Sistema Previsional Argentino (SIPA).

La situación por sector

La situación se agrava por el desempeño desigual de los sectores económicos. La industria y la construcción muestran retrocesos en el empleo formal, en contraste con el crecimiento de rubros con menor demanda laboral como el agro y la minería.

Ante la falta de recursos genuinos, el Estado financia el 40% de las 6.000.000 de jubilaciones vigentes, cubriendo el déficit mediante impuestos y transferencias directas del Tesoro Nacional.

Este desajuste estructural impacta de lleno en el poder adquisitivo de los jubilados. La brecha entre ingresos y egresos se intenta cerrar a través de la inflación y una reducción sostenida de los haberes en términos reales, profundizando el deterioro del sistema.