La comisión bicameral de Defensoría del Pueblo intentará dictaminar la designación del cuarto integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, protocolo ratificado por la Argentina en 2004 -y con ley desde 2012- que quedó en stand-by tras una prolongada siesta de los tres gobiernos K, tema que dio a conocer Ámbito Financiero desde el 11 de abril pasado.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El cuerpo que comanda la senadora nacional Marta Varela (PRO) intentará activar el despacho de candidato propuesto por la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alberto José Lucchetti.
Los tres integrantes que representan a ONG -aún falta designar a otros 10 miembros- son María Josefina Ignacio (Asociación Pensamiento Penal), Gustavo Federico Palmieri (Cels) y Diego Jorge Lavado (Xumek). Sus designaciones pasaron ahora a Diputados.
Varela tiene otro desafío por delante: consensuar con la oposición el nuevo defensor del pueblo -representa a ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos-, una insólita vacante que dejó el kirchnerismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013.
Dejá tu comentario