Complica a Macri negocio de recolección de la basura

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Con la promesa de llegar a un acuerdo en las próximas horas, los recolectores de residuos de la Ciudad de Buenos Aires levantaban anoche el paro que dejó ayer al distrito plagado de basura en las calles y en día de lluvia, lo que en algunos barrios provocó inundaciones, al taparse los desagües. El tema no sólo es un problema para Mauricio Macri por la queja de los vecinos, sino porque se le termina el plazo de la concesión y ha demorado un año en llamar a licitación, lo que provocaría la ilegalidad de la continuidad del servicio en esas condiciones. Además, en 10 días, caduca la última renovación de emergencia que viene haciendo el Gobierno porteño y deberá prorrogar nuevamente la contratación. Pero los camioneros -que amenazan con una medida para el jueves, que incluiría una protesta en las calles- tienen conocimiento sobre la reducción del Presupuesto para el próximo concurso, lo que, aducen, generaría despidos.

«Estuvimos conversando con ellos (los gremialistas) y han tomado el compromiso de normalizar la situación, seguimos en conversaciones para llegar a un acuerdo en relación con el contrato de la basura», explicó anoche el Gobierno en un comunicado. «Hoy un camión recolecta 140 contenedores. Planteamos el objetivo de ir a 170 y luego a 200», consideró el Ministerio de Espacio Público.

«Ese ministro no sabe de lo que habla», sostuvo anoche el gremialista Pablo Moyano, quien aseguró que se levantaba el paro porque «conseguimos la efectivización de 350» empleados y «la cuota para el aumento».

Así, Macri padeció ayer un clásico porteño como es el paro de recolectores de residuos que presagia el término de los contratos con las empresas que prestan el servicio. La puja del gremio liderado por Hugo Moyano contra la Ciudad de Buenos Aires se presentó como un reclamo de los trabajadores por aumentos de sueldos que, argumentaron, las empresas no pagan porque la Ciudad no les reconoce el incremento del costo del servicio en función de esos ajustes.

Macri no logró que la Legislatura le aprobara el año pasado una ley para concesionar el servicio que más dinero consume del Presupuesto -entre el 7 y el 8%, unos $ 1.000 millones anuales- a la Ciudad. Quería que los nuevos contratos se extendieran por diez años, pero la polémica se centró en que los pliegos no contemplaban la reglamentación de otra ley, conocida como Basura Cero, que promueve la reducción de los desperdicios. En cambio, la iniciativa buscaba cambiar al vieja modalidad de pagar el servicio por cantidad de toneladas de residuos recolectadas. El Gobierno de la Ciudad podría haber licitado igual, si lo hacía por cuatro años, pero optó por la renovación provisoria.

De esa manera, los contratos están vencidos, Macri los viene prorrogando, y a fin de año terminará el plazo legal para continuar extendiendo las actuales concesiones que tienen cinco empresas (en una sexta zona, la limpieza está a cargo de empleados municipales).

Esas cuestiones están a cargo del ministerio que conduce Juan Pablo Piccardo, quien anoche negoció con los gremialistas, pero la pelea podría ser feroz a medida que se acerca fin de año. Es que si Macri no llama a una licitación, se vería obligado a una contratación directa, toda una irregularidad para contratos de ese monto.

Por eso estarían pensando en enviar un proyecto de ley que le permita como excepción continuar un año más con las actuales empresas.

La última renovación del servicio se realizó durante la gestión de Aníbal Ibarra. Fue cuando se pasó a pagar por «zona limpia». Los contratos estipularon que los empleados de las recolectoras que quedaban cesantes debían ser tomados por las nuevas que ganaran la licitación. Así fue, pero Moyano se embarcó en reclamar que, a la vez, les pagaran la indemnización por despido a los reempleados, y que el dinero saliera del Presupuesto porteño. Al punto que volcó camiones de basura en las puertas del Palacio de la Jefatura porteña hasta que ganó la puja.

Reclamo

Pablo Moyano, secretario general de los camioneros, precisó que los trabajadores reclaman «el cumplimiento de los acuerdos salariales, que se terminen las prórrogas a las empresas prestatarias y que se llame a licitación para contar con plazos definidos que permitan efectivizar a los trabajadores».

El diputado Eduardo Epszteyn (ibarrismo) se cruzó con que «la irresponsabilidad no es de los trabajadores, sino es el resultado de una pésima administración en el contrato de la basura porque Macri aumentó un 60% el contrato que les paga a las empresas y la Ciudad está más sucia». Piccardo dijo que la Ciudad «no tiene dinero» para «pagar más», que «un barrendero le cuesta a la Ciudad entre 10 mil y 12 mil pesos por mes».

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