El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) -la ONG que obtuvo el fallo favorable contra el tarifazo de gas en la Corte- se interpuso ahora en el camino de la gobernadora María Eugenia Vidal para nombrar a Julio Conte Grand como procurador general de la provincia de Buenos Aires. La organización solicitó a la Justicia que certifique si le es exigible una residencia en territorio bonaerense no menor a los dos años para poder ingresar al cargo, tal como es requisito en otros ámbitos del Poder Judicial provincial. El actual funcionario de Legal y Técnica de la gobernación fue hasta el 10 de diciembre procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantiene su domicilio porteño, lo que podría complicar los planes de la mandataria para cubrir la función de la saliente María del Carmen Falbo.
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CEPIS inició ayer una demanda ante el Fuero Contencioso Administrativo de La Plata, para obtener "una acción declarativa de certeza" que establezca si a Conte Grand se le pueden reclamar dos años de residencia inmediata en territorio bonaerense para acceder a ser la cabeza del Ministerio Público, que según destaca la presentación, por el organigrama establecido en la constitución provincial está dentro de la estructura del Poder Judicial. Su pliego ya fue girado al Senado bonaerense, donde apuntaba a ser aprobado sin mayores obstáculos, más allá del cuestionamiento de que de ser abogado del Estado porteño había saltado a refrendar los decretos y disposiciones de Vidal y ahora perfilaba para ser el jefe de los fiscales y defensores de todo el territorio bonaerense. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Plata N° 4, a cargo de la jueza María Ventura Martínez.
La demanda puso de relieve que Conte Grand -según el padrón electoral- mantiene su domicilio céntrico en la calle Coronel Díaz (donde reside actualmente) y que esto implica que "no cumple con el requisito de dos años de residencia inmediata en la provincia para ingresar al Poder Judicial impuesto en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires". Si la Justicia advierte que es un requisito, Vidal se quedará sin su primera opción para ocupar el puesto de Falbo y deberá buscar un reemplazo, aunque la demanda podría escalar todo el espinel hasta la Suprema Corte de Buenos Aires.
En las tres principales jurisdicciones del país conviven sistemas distintos para la cabeza del Ministerio Público. Mientras que a nivel nacional es un órgano autónomo por afuera del Poder Judicial, en la Capital (con sistema acusatorio) el cargo depende del Ministerio de Justicia y por ende del Poder Ejecutivo. En la provincia, el cargo que ocupaba la cuestionada Falbo -que seguirá en funciones hasta el viernes- está organizado por debajo de la Suprema Corte. Vidal aspiraba tener en ese sillón a Conte Grand antes de fin de año.
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